Dentro de un galpón en la calle 35 entre carreras 20 y 21, en el centro de Barquisimeto, una comisión del Servicio de Investigaciones Penales del Cuerpo de Policía del estado Lara (SIPEL) localizó este sábado 21 máquinas minadoras de criptomonedas marca Bitmain, más 18 fuentes de poder de la misma marca, un equipo switch TP-LINK modelo TL- SF1048 y una mini laptop marca Sony.
El aumento repentino del consumo de energía eléctrica en ese sitio específico fue la señal de alerta para los investigadores. Ellos solicitaron a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) las órdenes de servicio de instalación de nuevos transformadores para verificar a nombre de quién estaban estas solicitudes y hallaron la dirección del usuario.
Dentro del galpón solo estaban las máquinas valoradas en 7 mil dólares cada una, por lo que se presume que eran manejadas por un usuario remoto, explicó el director de seguridad y orden público del estado Lara, Kleider Ferreiro.
Los delitos cometidos en este caso son legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito, delitos informáticos, financiamiento al terrorismo, fraude cambiario y daños al sistema eléctrico nacional.
Amplió Ferreiro que las máquinas sirven para vulnerar el sistema nacional bancario: “Este tipo de cambios, que son ilícitos cambiarios, toman los bolívares, los convierten en moneda virtual y esa moneda virtual la cambian por dólares o por cualquier otra moneda. De esa manera vulneran los controles cambiarios, el sistema financiero, los controles contra legitimación de capitales, constituyendo el delito de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo contemplado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, pero además de eso atentan contra la estabilidad del sistema financiero del Estado venezolano”.
Cuando se cambia la moneda y se facilitan los medios para la legitimación de capitales, se incurre en delito y “si el medio para la legitimación de capitales es el uso de máquinas para venta de criptomonedas, la máquina y la actividad con esta es ilícita”, abundó Ferreiro.
Según un reportaje hecho por la AFP sobre el manejo de las criptomonedas en Venezuela, las máquinas minadoras las compran en China a través de internet y para que ingresen en el país el comprador debe pagar por lo menos 800 dólares en la aduana.
El director de seguridad y orden público en Lara afirmó que las máquinas ingresan al país por contrabando y quien las adquiere incurre también en el delito de atestación de datos falsos en un documento público, pues al pasar por el Seniat lo declaran como fuente de poder, tarjetas de video, tarjetas de juego u algún repuesto de computadora cuando se trata de una máquina minadora de criptomonedas.
Minar criptomonedas de esta forma, añadió Ferreiro, tampoco tiene ningún registro de comercio, es decir, que quien se vale de estas máquinas no paga impuestos ni tiene ningún soporte legal para la actividad económica.
En cuanto al uso de la energía eléctrica aclaró que cualquier usuario con un contrato con Corpoelec puede aumentar la capacidad de sus transformadores con inversión propia. Lo ilícito es lo que se hace con esa energía eléctrica.
Distinto ocurrirá con el Petro, la criptomoneda venezolana anunciada recientemente por el presidente Nicolás Maduro, porque, dijo Ferreiro, estará respaldada por las reservas de oro y el Banco Central de Venezuela, es decir, la comercialización de esta moneda será legal.
Por otro lado, al ser consultado por EL IMPULSO sobre este caso el abogado especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración, Jesús Ollarves, indicó que en el país no hay ninguna regulación jurídica que otorgue sanciones penales, civiles o administrativas. “El único delito que pudiera ser aplicable es la vinculada al sistema eléctrico, los demás son ‘halados por los cabellos’ frente a la ausencia jurídica de estos casos que no son típicos”, analizó.
Lo que considera prudente es que la Asamblea Nacional debe discutir la creación de una medida que regule las criptomonedas, sobre todo, con la creación del Petro.
