La cámara de representantes aprobó el jueves un proyecto de ley que ordenaría al Departamento de Estado trabajar con organizaciones no gubernamentales para enviar alimentos, medicinas y asistencia técnica a Venezuela.
La medida, aprobada 388-29 por el pleno de la cámara, también extiende hasta el 2022 la vigencia de una ley aprobada en 2014 por el entonces presidente Barack Obama para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos o perpetrar actos de corrupción.
El mandato para imponer sanciones que estipula la ley vigente –y que ha permitido a Washington congelar bienes y suspender visas a decenas de funcionarios venezolanos– culmina en 2019.
El proyecto de ley –de los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, y los demócratas Eliot Engel y Albio Sires– busca dar al Departamento de Estado 90 días para definir un plan para distribuir la ayuda humanitaria.
Engel exhortó en un comunicado a los senadores «a aprobar este proyecto de ley inmediatamente, para que pueda llegar al presidente antes de fin de año».
Una versión similar del demócrata Ben Cardin sólo cuenta con 13 patrocinadores desde su presentación en mayo en el Senado.
The Associated Press solicitó un comentario a la comisión de relaciones exteriores del Senado, sin obtenerlo de inmediato.
Los 100 integrantes del Senado sólo podrán votar esta iniciativa una vez haya sido aprobada por la comisión de relaciones exteriores.
El plan describiría la estrategia de Washington para lograr el apoyo de donantes internacionales y países en la región dispuestos a brindar ayuda técnica y financiera.
En el caso de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se oponga a distribuir la ayuda humanitaria, la propuesta de ley dispone que el presidente Donald Trump ordene a la embajada estadounidense en la ONU impulsar una resolución que ordene a Caracas recibir la ayuda y distribuirla.
«Durante casi dos décadas, este país ha sufrido bajo los regímenes chavista y de Maduro, y Estados Unidos se mantiene firme en su promesa al pueblo venezolano», dijo Díaz-Balart.
Hasta el momento el gobierno de Maduro se ha negado a abrir un canal humanitario alegando que no es necesario, pese la aguda escasez de alimentos y medicinas que aqueja a los venezolanos.
El proyecto de ley también daría 180 días al Departamento de Estado para entregarle al Congreso un reporte sobre la vinculación de altos funcionarios gubernamentales venezolanos en actos de corrupción.
Además ordenaría otro informe detallando la cooperación de las fuerzas armadas venezolanas con Rusia.
La cámara baja acompañó el proyecto de ley con una resolución que exhorta a los mandatarios del continente y a la Organización de Estados Americanos a seguir presionando a Maduro para que libere a los presos políticos, disuelva la Asamblea Nacional Constituyente y convoque elecciones libres y justas.
