El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que cerca de 4.200 millones de euros producto de la corrupción fueron supuestamente blanqueados a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), por una organización criminal de carácter internacional integrada por unas 40 personas entre funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sus empresas filiales y el Ministerio de Petróleo.
Agregó que se presume que la red, a la que pertenecían Diego Salazar Carreño, José Enrique Luongo y Nervis Villalobos, comenzó a operar en 2006 y, desde entonces, ha empleado 40 empresas fantasmas. “La banda utilizó las empresas fantasmas para blanquear fondos provenientes de la corrupción y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios”, indicó Saab, de acuerdo con lo reseñado por la Agencia Venezolana de Noticias.
Además, refirió que entre las empresas que ejecutaban blanqueo de capitales figuraba Antigua Omega INC, que era representada por Luongo y Salazar Carreño, ambos privados de libertad por estos hechos.
“La Banca Privada de Andorra recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto de 191 millones 208 mil dólares, y transfirió montos por 192 millones 758 mil dólares a una empresa perteneciente a Diego Salazar”, puntualizó.
Asimismo, sostuvo que todas las operaciones de blanqueo de capitales se hicieron con apoyo de la Banca Privada de Andorra, la cual, a su juicio, “ayudó a constituir estas empresas y aceptó transacciones sin respaldo”. Informó también que la audiencia de imputación de Salazar, a quien se le acusa hasta ahora de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia, se efectuará este miércoles en el Tribunal Sexto de Control de Caracas. “Por los mismos delitos se solicitó a España la extradición del ex viceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos”, aseveró.
Por otra parte, ofreció detalles de un nuevo caso investigado por el Ministerio Público: el alquiler por parte de Pdvsa Servicios de un buque para la exploración de yacimientos de gas, en condiciones desventajosas para la República.
Agregó que “el buque fantasma” fue contratado con características falsas por un período de siete años, pero estuvo inoperativo 60% del tiempo y que a pesar de ello el Estado debía pagar cuantiosas sumas por el contrato.Mencionó que por dicho caso dictaron orden de captura contra seis personas con notificación a Interpol, entre los mismos a Rómel Valdez, presidente de Pdvsa Servicios para el momento del acuerdo.
