Carles Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno cesado comparecen este lunes ante un tribunal belga que debe decidir sobre su extradición a España, donde están acusados de rebelión y sedición tras la proclamación unilateral de independencia de Cataluña.
En Madrid, diez líderes independentistas en prisión, entre ellos ocho de sus exconsejeros, conocerán también si quedan en libertad, una esperada decisión horas antes del inicio oficial a medianoche de la campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre.
El porvenir de los políticos catalanes, que fracasaron en su intento de separarse de España, pasa así por los tribunales, cuando los partidos independentistas se presentan separados a las elecciones con la «represión» de Madrid como principal argumento en común.
¿Juicio político?
A partir de las 09H00 (08H00 GMT), el presidente cesado y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret comparecen ante el tribunal de primera instancia neerlandés de Bruselas para presentar sus alegatos contra la euroorden de entrega.
«Todo el mundo entró», indicó una fuente policial 15 minutos antes del inicio previsto de la sesión.
Sus abogados alegarán que en España, donde están acusados de rebelión, sedición, prevaricación, malversación y desobediencia, se enfrentan a un «juicio político», un escenario que impediría aceptar su entrega.
La directiva europea de extradición dice «claramente» que la euroorden «no puede usarse con fines políticos, incluso si estos se esconden detrás de los delitos», dijo el sábado el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, al diario económico belga L’Echo.
En la primera audiencia celebrada el 17 de noviembre, la fiscalía de Bruselas apoyó una ejecución «parcial» de la euroorden, pero estimó que los hechos no son constitutivos de un delito de corrupción como se apuntaba, indicaron entonces los abogados defensores.
Además de exponer los diferentes delitos en la petición de entrega, la jueza española Carmen Lamela marcó únicamente una casilla de la lista de 32 delitos acordados entre los países de la Unión Europea para acelerar los trámites de extradición: corrupción.
«Marcaron la casilla corrupción, pero de manera artificial. Nadie lo cree», aseguró a la AFP Cristophe Marchand, abogado defensor de dos de los exconsejeros, para quien «los hechos descritos en el mandato de detención europeo no son punibles en el derecho belga».
Campaña, a distancia
Tras la audiencia, la decisión se espera dentro de «ocho o diez días», según los abogados. Mientras tanto, los cinco políticos, quienes se marcharon de España tras la declaración de independencia del 27 de octubre, harán campaña desde Bélgica.
En caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros podrían recurrir hasta en dos ocasiones en Bélgica, lo que llevaría la decisión final a «mediados de enero», según un abogado del presidente cesado.
Quienes sí podrían hacer campaña en el terreno serían los diez líderes independentistas encarcelados en Madrid, entre ellos el que fuera vicepresidente, Oriol Junqueras, si así lo decide el magistrado del Tribunal Supremo que asumió la causa de la Audiencia Nacional.
La fiscalía pidió su permanencia en prisión preventiva, si bien al menos seis de ellos se acogieron a la estrategia de acatar el «artículo 155 de la Constitución» española que sirvió anteriormente a varios diputados regionales para quedar en libertad condicional.
Este artículo permitió al gobierno español de Mariano Rajoy intervenir la autonomía catalana el 27 de octubre, cesar al ejecutivo regional y convocar las elecciones venideras y, a falta de «presos políticos», podría convertirse en el blanco de los independentistas en la campaña.
El bloque de formaciones independentistas, entre ellas la del conservador Puigdemont, estaría casi empatado con el de las partidarias de seguir en España, según los sondeos, que prevén la victoria sin mayoría del partido del exvicepresidente Junqueras (ERC, izquierda).
