Gregoria Rodríguez y su hija Verónica Absalon acudieron este miércoles a la sede del Ministerio Público para denunciar que desde el pasado mes de mayo, son víctimas de acoso por parte de presuntos colectivos del Municipio Palavecino.
Las damas están residenciadas en Villa Roca II, zona álgida durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril de este año. En una oportunidad, cuando intentaban salir de su casa por la parte trasera de la urbanización, los colectivos trataron de impedirlo y sostuvieron una discusión verbal.
Desde entonces, los motorizados, que solían concentrarse en las adyacencias de Lácteos los Andes, las comenzaron a atacar señalándolas de encubrir, proteger y colaborar con los manifestantes de la zona. “Nos señalan de ser las taxistas de los guarimberos” indicó una de las víctimas.
En cinco o seis ocasiones, en distintos puntos de Cabudare y Barquisimeto, se han encontrado con estas personas violentas quienes sin reparo las insultan y amenazan verbalmente. Pero además en una oportunidad lanzaron un artefacto explosivo de fabricación casera a su casa y explotó en uno de los cuartos, “allá están las evidencias, nosotros no limpiamos ni tocamos nada para poder demostrarlo” comentó una de las denunciantes.
Rodríguez y Absalon niegan haber sido partícipes de estas protestas y de colaborar con los manifestantes, “ellos están equivocados, hay una confusión” indican.
Inicialmente las víctimas hablaron con funcionarios de la Guardia Nacional pero éstos hicieron caso omiso y en la comisaría de la Policía de Lara ubicada en La Mata, les pidieron nombres, apellidos y placas de las motos de los acusados.
Al notar indiferencia por parte de los organismos de seguridad, los meses siguientes guardaron silencio por temor a represalias, pero esta semana, cuando madre e hija se encontraban haciendo diligencias en la avenida Rómulo Gallegos (calle 42), una mujer que iba de parrillera en una moto, les tocó el vidrio del vehículo y amenazó a la señora Gregoria Rodríguez.
Con palabras vulgares les advirtió que debían irse del país o de lo contrario “pagarían con su vida”.
El abogado Abraham Cantillo del Foro Penal y Andrés Colmenares de Funpaz, acompañan a las denunciantes en su proceso y solicitaron una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.
“Como organización que vela por los Derechos Humanos vamos a llegar hasta lo último para que los responsables asuman las consecuencias. El Estado debe garantizar la vida de estas damas que actualmente viven en zozobra y les da temor salir a la calle porque las pueden matar” manifestó Cantillo.
Igualmente acudirán a la Defensoría del Pueblo y a todas las instancias con competencia para que cese este acoso, que consideran los abogados, es de carácter político.
