Diariamente una o dos mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, acuden a la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf) para pedir ayuda, algunas jamás se atreven a denunciar por temor a represalias y aquellas que toman el valor, les toca la ardua tarea de enfrentarse a los órganos receptores de denuncias para que procedan.
La licenciada Azorenny Bracamonte, facilitadora de atención social, indica que actualmente hay muchas trabas en las comisarías y fiscalías para que acepten las denuncias por casos de mujeres violentadas y resulta contraproducente que en la mayoría de los casos las víctimas de violencia, especialmente aquellas que sufrieron abuso sexual, denuncian demasiado tarde.
-Las víctimas vienen por el trauma posterior, denuncian uno o dos meses después del hecho y eso hace cuesta arriba que la denuncia proceda aunque sí se puede lograr, aunque la persona debería denunciar inmediatamente, sin ni siquiera bañarse, para recabar las evidencias.
En los órganos receptores pueden encontrarse distintas situaciones, explica la especialista. En algunos casos “naturalizan el hecho”, especialmente si la víctima es pareja del agresor, con frases como “arreglen su problema” o “eso se le pasa”.
En otros casos, las mujeres son juzgadas y responsabilizan por lo que les pasó, en otros no le dan en interés necesario, lo omiten y más cuando el victimario es un funcionario, en la institución “se hacen los locos”.
Entonces la víctima pasa a padecer también la “violencia institucional contra la mujer” que es cuando los entes o sus funcionarios tienen criterios discriminatorios que obstaculiza el acceso a la justicia.
Bracamonte expone que en Venezuela falta capacitación, campaña de prevención y celeridad en los procesos. Aunque el país cuenta con un marco jurídico que protege a las mujeres, del texto a la práctica hay mucho por hacer.
-Resulta inexplicable que una mujer sea asesinada cuando ya había denunciado a su agresor y el Estado debía garantizar la medida de protección. Esas son cosas que ocurren en Venezuela, que las leemos en los periódicos.
En un estudio hemerográfico que lleva Alaplaf y otras instituciones aliadas al Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el 2016 murieron de manera violenta 82 mujeres solamente en el estado Lara y 41 de esos casos fueron considerados femicidios, es decir que la víctima fue asesinada por ser mujer.
En los once meses transcurridos del 2017, se contabilizan 67 mujeres que murieron en hechos violentos de los cuales 19 son femicidios.
-La violencia no distingue de edad, clase social o nivel de instrucción. La gente cree que la mujer que es maltratada es ama de casa y de bajos recursos, pero esas son estereotipos que tenemos que desmontar y visibilizar que también hay abogadas, licenciadas, doctoras y mujeres de dinero que están inmersas en ciclos de violencia, explica Bracamonte.
La ley venezolana contempla 21 tipos de violencia y aunque no todas padecen de heridas físicas, todas las mujeres que estén soportando situaciones violentas, presentan daños psicológicos.
-Algunas mujeres acuden para tramitar el divorcio, para solicitar asesoramiento de qué hacer con los hijos o con los bienes del matrimonio, pero no todas piden la ayuda más importante que es la psicológica, la que realmente la va a sacar de ese ciclo y la va a sanar.
El ciclo de violencia está comprendido por la fase de la acumulación de tensión, la fase de la explosión (insultos, golpes, maltratos a los bienes) y la fase del arrepentimiento o luna de miel, que es cuando el hombre actúa con sutileza para pedir perdón.
La violencia es un fenómeno mundial que diariamente cobra vidas, está inculcado en la sociedad y directamente asociado al machismo, erradicarlo no es tarea sencilla aunque existen miles de movimientos feministas que luchan para promover su eliminación.
El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de eliminación de la violencia hacia la mujer, representada hoy con el color naranja. La fecha tiene su origen el 25 de noviembre de 1960 cuando fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas en contra del dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana, aunque el hecho se hizo pasar como un accidente, luego se comprobó que se trató de un femicidio ordenado por el político.
