En la tercera semana del juicio del caso conocido como FIFAGATE, un testigo de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York dijo ante el jurado que la empresa Datisa -joint venture creado por Torneos y Full Play para pagar sobornos- canceló al expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol dos millones de dólares por los derechos de transmisión de la Copa América 2013.
El proceso judicial que se realiza en Brooklyn es contra Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Angel Napout, ex presidente de la Conmebol y José María Marí, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.
El testigo del gobierno fue Santiago Peña, ex-contador de los empresarios argentinos Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis, dueños de Full Play que ganó los derechos de publicidad para las selecciones sudamericanas en Copa del Mundo, Copa América y Copa Libertadores.
En el estrado, el testigo explicó al jurado que como estrategia para ocultar los pagos de las coimas a los exdirectivos de Conmebol, en el 2013, sus jefes le ordenaron que no colocara las iniciales de los directivos sino que pusiera nombres de carros, así en la lista aparecía Rafael Esquivel como Mercedes Benz, Carlos Chávez (ex presidente de la Federación de Bolivia) como Volkswagen; Luis Chiriboga Acosta de Ecuador, como Toyota; Juan Ángel Napout de Paraguay fue designado en la lista como Honda; Manuel Burga de Perú como FIAT; Luis Herberto Bedoya Giraldo de Colombia como Flemic; Sergio Jadue de Chile, como Kia y José Luis Meiszner aparecía como Peugeot.
El testigo explicó cómo organizaron la red de pagos de sobornos para los ex-presidentes de las federaciones de fútbol de la Conmebol, ya que él estaba a cargo de llevar los registros de las coimas a los principales dirigentes del fútbol sudamericano.
Peña dijo al fiscal que identificaba claramente a Burga y a Napout como dos de los directivos a que quienes pagaron coimas los empresarios de Full Play, los cuales aparecían en un libro de registro que se entregó a las autoridades.
Asimismo, Peña destacó que en el libro de contabilidad donde aparecían los pagos de sobornos de los ex directivos de fútbol, estaba escrita una entrada a Honda, referente a la Copa América 2015 por un millón de dólares y otro anexo que decía «Entrada PM» que correspondían a unos 10 mil dólares. Al respecto, Peña dijo que eso era el pago de una entrada a un concierto de Paul McCartney.
Peña dijo que la mayoría de los sobornos se pagaban por transferencias pero que en oportunidades, el exjefe de Conmebol de Bolivia, Carlos Chávez enviaba a su hijo a Buenos Aires a recoger el dinero en efectivo.
En el caso de Rafael Esquivel precisó que pagaron un total de dos millones de dólares por los derechos de transmisión de la Copa América 2013. El primer pago se hizo el 16 de noviembre de 2010 por un monto de US$ 604 mil dólares, luego se completó el pago del primer millón. «El compromiso era un millón al inicio y luego de firmar el contrato se le pagaría a este señor otro millón de dólares» dijo el testigo frente al jurado.
Asimismo dijo que Rafael Esquivel había recibido unos $750 mil dólares por su voto en el Comité Ejecutivo de la FIFA en el 2010 que le dió a Qatar la sede de la Copa del Mundo para el 2022. El código con el que registraban los sobornos para los votos era -Q2022_.
Explicó que cada presidente de las distintas asociaciones cobraban sobornos. En el caso de la Conmebol, eran seis los que recibían coimas.
La diatriba entre la fiscalía y la defensa de Manuel Burga siguió a lo largo de la jornada de hoy. Vale recordar que durante la presentación del testimonio de Alejandro Burzaco la pasada semana, Burga hizo un gesto que fue interpretado por los fiscales como una amenaza, el hombre se pasó el dedo por el cuello supuestamente en señal de eliminar a Burzaco pero los abogados dijeron que Burga tenía dermatitis y sólo se había rascado el cuello.
Ese incidente ocupó varias horas de discusión la pasada semana, hoy -sin embargo- Burzaco y la fiscalía acordaron con los abogados defensores de Burga no proseguir con el tema. No obstante, el señalado permanecerá bajo vigilancia de las autoridades federales.
