En estos momentos Venezuela atraviesa las mayores dificultades para honrar sus compromisos con sus acreedores, ya que contrario a lo que piensa el Presidente de la República, Nicolás Maduro, la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda no se pueden decretar y lo peor del asunto es que no existen condiciones para que se puedan lograr acuerdos en lo inmediato.
Tal es la apreciación que tiene el destacado economista José Toro Hardy, ex directivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), consultado por EL IMPULSO.Terriblemente delicada, califica la situación.
Después de analizar todas las dificultades que tiene el Ejecutivo Nacional, que ha nombrado una comisión encabezada por el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami; citó a los acreedores de bonos a Caracas, para tratar este asunto, el especialista va más allá para considerar una salida para la voluminosa deuda exterior, que está calculada extraoficialmente en 150 mil millones de dólares.
Rusia, que ya había acordado tener participación en casi el 50 por ciento de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, ha puesto sus ojos en la refinería de Amuay, la más importante de la América Latina por tener mayor capacidad de refinación.
Y China, que es muy exigente en reclamar su pago, estaría pidiendo la refinería de Cardón.
-¿Cómo ve las posibilidades de reestructuración y financiamiento?
-Cree el Presidente Nicolás Maduro que puede decretar la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela y de PDVSA, que son entidades legalmente separadas. Inmensa ignorancia demuestra cuando hace esos anuncios y convoca a los acreedores a una reunión en Caracas.Pero, hay que observar:Primero. La reestructuración implica lograr con los acreedores nuevas condiciones, pero ninguno está dispuesto a llegar a acuerdos a menos que el país pueda presentar un plan concreto para efectuar esos pagos. No hay plan de mejoramiento de la economía que lo garantice.Lo que busca Maduro es que la deuda se le cambie a plazo más largo, pero sin garantía de que introduzca cambios en la economía. Ninguno de los acreedores va acceder a su propuesta.
Segundo. La refinanciación consiste en emitir bonos nuevos para cambiarlos por los viejos. Difícilmente ningún acreedor va a aceptar porque los bonos viejos fueron aprobados conforme a la Constitución y se guían por los requisitos formales. Entonces pueden recurrir a tribunales internacionales y exigir que procedan medidas de embargo para cobrar.Lo que ofrece Maduro es que le acepten la emisión de bonos nuevos con la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, que por ser inconstitucional y un carácter claramente ilegal, ha sido rechazada por la comunidad internacional en su mayoría y no es reconocida precisamente por los países donde residen los acreedores.
Tercero. Oficialmente, no se puede cambiar bonos viejos por nuevos, porque dentro de las sanciones establecidas por la administración de Donald Trump y tomando en consideración que son los Estados Unidos el principal mercado financiero, se prohíbe a empresas y personas aceptar bonos nuevos de la deuda pública de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA.
El 70 por ciento de los tenedores de deuda venezolana son estadounidenses y canadienses. Y para colmo, empresarios y tenedores de bonos que están en Estados Unidos saben perfectamente que un papel perdería valor en cualquier mercado secundario.
Cuarto. Ante las imposibilidades ya mencionadas, la única salida que le quedaría sería acudir al Fondo Monetario Internacional, que es el único organismo que estaría en capacidad de proporcionarle el refinanciamiento.
Pero, esa posibilidad no existe en este momento porque el Gobierno se niega a tener relaciones con el FMI.Si Venezuela llega a declarar el default sería el segundo mayor registrado en el mundo, después del que tuvo Grecia, que al final logró un acuerdo con la participación del FMI, Banco Mundial y todas las organizaciones.
Otra dificultad para Venezuela es que ya no tiene capacidad de llegar a convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual tiene demoras en el pago de su deuda.
-Ante este cuadro desconsolador, ¿al Gobierno le queda la esperanza con Rusia y China?-Sin embargo, Rusia establece condiciones muy drásticas para reestructurar sus acreencias, fundamentalmente exigiendo el control de bienes a cambio de un acuerdo, lo que podría afectar la soberanía venezolana.
Con China aún es más complicado el asunto. No pareciera estar dispuesta a refinanciamiento de la deuda con Venezuela, la cual está por el orden de los 30 mil millones de dólares, cuyo pago fue acordado con petróleo. Pero, la producción está desplomándose aceleradamente.
La caída ha sido de 550 mil barriles en los últimos veinte meses
-¿Cómo observa las declaraciones emitidas por las calculadoras de riesgo, a las que el Ejecutivo señala de politizadas?
-Aunque el Gobierno se ha referido con amargura a las calificadoras de riesgo, la que más duramente ha reflejado la situación es la de China, la Dagong Global Credit Rating. Su última calificación afecta las posibilidades de pago de la deuda soberana. Y es oportuno señalar que esa firma no sólo recoge el aspecto económico, sino también el deterioro político y social, aspectos estos últimos sobre los cuales las demás calificadoras no se pronuncian.Cuando Maduro se compromete a pagar y no paga, le echa las culpas a otros. Lo mismo pasó al producirse los apagones del servicio eléctrico: su Gobierno culpaba a las iguanas o a cualquier otra cosa.
El país se comprometió más allá de lo que podía, cuando su producto de exportación alcanzó el precio más alto de la historia.El Gobierno expropió seis millones de hectáreas productivas y ahora no produce los rubros que necesita la población y, además, terminó con una gran cantidad de empresas en el sector agroindustrial.
De igual forma, acabó con las reservas que hoy están en 9.700 millones; pero, el año que viene tiene que pagar una deuda de 8 mil millones de dólares. Este año tiene que pagar 1.700 millones de dólares, pero nadie sabe cómo lo va a hacer.Culpables de todo lo que está ocurriendo son las imprevisiones y errores del deudor.
Ya en Venezuela está en default. No cumplió con el pago de los intereses de 650 millones de dólares Corpoelec, según la denuncia de Wilmington Trust. Dice que había emitido las órdenes de pago, pero dadas las condiciones no se podía pagar a tiempo.
Los acreedores dicen que no han recibido los pagos. Lo mismo pasa con la deuda de PDVSA, que tenía que pagar el 27 de octubre.Igual ha ocurrido con la deuda que declara haber pagado, pero los tenedores de bonos denuncian no haber recibido nada todavía.
La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) suspendió la reunión que había previsto para este lunes con el fin de pronunciar un evento crediticio, que en caso de hacerlo sería la declaración de un default.
-¿Podría el Gobierno acudir a Rusia y China para que le tiendan la mano?
-A la empresa rusa Rosneft PDVSA le había ofrecido el 49,1 por ciento de Citgo, su filial en los Estados Unidos. Como el gobierno estadounidense no ve con simpatía esa operación. Rusia pide que se reemplace esa garantía. Aparentemente, porque no hay transparencia en las negociaciones del Ejecutivo Nacional, se está negociando un contrato de servicio para la refinería de Amuay, por diez años.
E igual condiciones se le estaría brindando a China a través de Petrochina, la que ha tenido la mayor pérdida en sus operaciones este año. Esas dos propuestas están siendo rechazadas por el representante de los trabajadores de PDVSA, Wills Rangel.
Sin embargo, en todos los medios financieros se habla de esas operaciónes para paliar la crisis venezolana que es la peor del hemisferio occidental, por encima de la Gran Depresión de EE.UU, que se registró el 29 de octubre de 1929 y fue el mayor colapso económico del mundo. Que es mucho decir.
