El pasado jueves 9 de noviembre entró en vigencia la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela según la Gaceta Oficial 41.274.
El padre Raúl Herrera, director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos-UCV, sostiene que si dicho instrumento tuviese un propósito transparente y claro podría ser de gran ayuda para la sana convivencia ciudadana.
-Lamentablemente, a estas alturas y ante un contexto social, económico y político crítico, tras la muerte de más de 100 venezolanos en el marco de las protestas, sumado a las manifestaciones diarias por medicinas, alimentación, servicios, sueldos y salarios, esa ley termina convirtiéndose en un instrumento político de censura contra los medios de comunicación.
Adelanta que de ahora en adelante se radicalizarán los niveles de censura y todo lo que los medios de comunicación puedan decir respecto de la realidad.
-Esa ley, lejos de favorecer una sana convivencia, genera un estado de coacción y de coerción del ejercicio de la libertad de expresión y de la información, principios que están consagrados en la Constitución y en los estándares internacionales del derecho.
Herrera indica que dicha ley cohíbe y coarta el ejercicio a la protesta pacífica. Si un grupo de ciudadanos quiere exigir sus derechos, el estatuto servirá para ejercer una mayor represión.
“Ahora el odio tiene un origen político, además sesgado. Pareciera que el odio lo ha promovido el sistema opositor al gobierno y vista la trayectoria de estos 18 años me parece que eso no es verdad. La gran verdad es que los aparatos comunicacionales, tanto del gobierno como de los sectores afines, han promovido a través del verbo y la palabra altos niveles de violencia, consecuencia de los múltiples epítetos y adjetivos calificativos para descalificar a los adversarios”.
Paradójicamente, añade, esta ley debería ser aplicada a ellos mismos (gobierno), sin embargo, terminará siendo un instrumento de represión política del derecho a la libertad de expresión.
Cuál es el origen del odio
El padre explica que el origen del odio como una emoción del ser humano es un sentimiento acumulado. Los niveles de descomposición social son muy altos. El odio no es gratuito, es producto de las malas políticas públicas en materia de alimentación, seguridad, salud, entre otras.
“No es posible que los venezolanos estemos sufriendo una crisis humanitaria de grandes dimensiones en el ámbito de la salud. Eso hace que día a día se genere en los ciudadanos de a pie un globo que se va inflando, llenado de rabia e indignación que ciertamente ha sido expresada a través del sufragio pero que el poder electoral así como de otros poderes anulan. La gente clama al cielo para que sus necesidades básicas sean atendidas y no lo son, apenas parcialmente”.
Explica que todo eso termina generando unas entrañas de mucha rabia y en consecuencia rivalidad. A su juicio el odio forma parte de una estrategia política del Poder para quebrar la esperanza.
Sostiene que el origen de este odio tiene que ver con ese desconocimiento sistemático del clamor de la gente, un desconocimiento sistemático de la búsqueda del entendimiento y la concordia en medio de la diferencia, un desconocimiento del otro, que merece ser reconocido aunque piense diferente.
“El gobierno ha sido el principal promotor de estos niveles exacerbados de polarización, mediante su discurso violento. Al punto que promulga una ley para atajar un supuesto odio que podría desestabilizarlo”.
Concluye que la ley es una exageración y que simplemente se trata de un instrumento para censurar a la disidencia.
Criminalización
Andrés Colmenárez, director de Funpaz, señala que las organizaciones de derechos humanos no reconocen la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no por un capricho político, sino por las condiciones en las cuales se instaló, por lo tanto, toda ley que emane ese componente carece de legalidad, así lo establece la Constitución de la República, que en teoría está vigente.
“La Ley contra el Odio carece de legalidad porque ha sido promulgada por una instancia írrita, ilegal e ilegítima”.
Expresó que sin duda se trata de un instrumento que criminaliza y acentúa la persecución contra la sociedad civil y los medios de comunicación, especialmente los digitales y redes sociales.
-Anteriormente, los medios de comunicación tradicionales como radio, prensa y televisión, fueron amordazados con la Ley Resorte. Vimos las consecuencias de su aplicación con la salida del aire de emisoras de radio y canales de televisión así como el cierre técnico de periódicos por la falta de insumos.
Colmenárez señala que lo que no había podido controlar el Ejecutivo nacional eran las redes sociales y medios digitales que tienen una penetración muy alta en la sociedad actual.
Se está buscando cercenar estos medios con una ley ilegal.
“Rechazamos la promulgación de esta ley porque vulnera los derechos fundamentales del individuo como el derecho a la libertad de expresión, incluso se pretende penalizar con sanciones más graves. Delitos como el tráfico de drogas o el homicidio tienen penas menores”.
Añade que la ANC busca crear el pánico y el temor en la sociedad civil.
Por otra parte observa que a medida que aumentan las presiones internacionales contra los funcionarios del gobierno este implementará sanciones contra los ciudadanos en Venezuela. La aplicación de sanciones internacionales será proporcional a la aplicación de mayores leyes y controles contra el ciudadano venezolano.
El gobierno está perdiendo su legitimidad a escala internacional y por ende no tiene otra opción que atacar a la gente a través del miedo.
Colmenárez aclara que aunque la ANC carece de legalidad no quiere decir que no sea ‘efectiva’ y eso se aprecia cuando quienes se encargan de ejercer el poder se muestran subordinados ante ese ente. El mismo Presidente de la República se plegó a todas las decisiones de la ANC.
“Es como la delincuencia, no es legal, pero todos estamos a merced de los delincuentes”.
