Venezuela debe pagar este viernes unos 81 millones de dólares de un bono de su empresa petrolera para no caer en default, primera obligación a cumplir desde que el presidente Nicolás Maduro anunció que buscará refinanciar y reestructurar la deuda externa.
El plazo vence tres días antes de una reunión con tenedores de bonos en Caracas, convocada por Maduro hace una semana cuando anunció su plan de renegociar la deuda, de unos 150.000 millones de dólares.
Las agencias Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s rebajaron la calificación de la deuda, debido a compromisos por vencer y a que inversionistas no han recibido 1.161 millones de dólares del bono 2017 de la petrolera PDVSA, que el gobierno dijo haber empezado a pagar el pasado viernes.
A petición de acreedores, un comité de sociedades financieras se reunirá con la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) este viernes en Nueva York para analizar el no pago del bono 2017.
«Estamos al final del juego y ahora se volvió una cuestión de días -no semanas- hasta que se confirme el incumplimiento», opinó Capital Economics.
El gobierno deberá cumplir el lunes con otros 200 millones de dólares más de rendimientos. En total, debe cancelar de 1.470 a 1.700 millones en intereses de bonos en lo que resta de 2017.
«La ‘renegociación y reestructuración’ de la deuda tiene bastantes obstáculos. El escenario más posible es un eventual default», comentó a AFP Andrea Saldarriaga, analista para América Latina del centro Atlantic Council.
«Persecución financiera»
Las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela en agosto impiden que el gobierno recurra a fuentes externas de capital y prohíben que inversionistas norteamericanos negocien la deuda venezolana.
«Eso dificulta llegar a un acuerdo con sus acreedores», opinó Saldarriaga. Un 70% de los tenedores de bonos son estadounidenses y canadienses.
«A esto se le suma la falta de liquidez de Venezuela», agregó. Con la economía devastada y reservas internacionales de apenas 9.700 millones de dólares, Venezuela encara obligaciones para 2018 por más de 8.000 millones.
Otro obstáculo es que Maduro designó como principal negociador al vicepresidente Tareck El Aissami, a quien Washington incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados, prohibiendo a los ciudadanos norteamericanos tratar con ellos.
El gobierno de Donald Trump sumó el jueves otros 10 funcionarios a la lista. En tanto, la Unión Europea acordó esta semana adoptar sanciones contra Venezuela.
Maduro acusa a Estados Unidos y sus «cipayos» de una «persecución financiera» para asfixiar al país, por tener un gobierno socialista.
Pero ve salvavidas en sus aliados China, al que Venezuela adeuda unos 28.000 millones de dólares, y Rusia, que está por firmar un acuerdo para reestructurar unos 3.000 millones de los 8.000 millones que le debe Caracas.
«Maduro puede estar esperando que los tenedores de bonos presionen al gobierno de Trump por algún tipo de exención», según Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group.
Consecuencias
El gobierno venezolano ha sido ambiguo en su plan: habla de «refinanciación» (oferta de canje de bonos) y de «reestructuración» (que obligaría a los acreedores a aceptar nuevos términos), según Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica.
Según los expertos, para ambos procesos debe mostrar un plan de reformas económicas. «Debe ofrecer garantías de con qué va a pagar», apuntó el economista Orlando Ochoa.
Con el desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente las importaciones para evitar el cese de pagos, provocando una severa escasez de alimentos y medicinas.
Según Eurasia Group y IHS Markit, si dejara de pagar, Maduro tendría un alivio temporal, con dinero para importar bienes básicos de cara a la campaña para las elecciones presidenciales de 2018.
Pero a mediano plazo, advirtió Ecoanalítica, un default profundizaría «la recesión» en un país con cuatro años de contracción (36%), al borde de la hiperinflación y una producción petrolera que cayó 23% desde 2008 hasta 1,9 millones de barriles diarios.
«A largo plazo, las consecuencias financieras agravarían el descontento social y potencialmente debilitarían el apoyo interno al gobierno», consideró Grais-Targow.
Venezuela enfrentaría además litigios internacionales y el embargo de activos de PDVSA en el exterior, como CITGO, filial de la petrolera en Estados Unidos, o de cuentas por cobrar.
