El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, consideró que la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), representa una defensa a la dignidad humana.
Tal consideración la hizo al salir este jueves 9 de noviembre de una reunión que sostuvo con la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, en la sede de la Casa Amarilla, donde les fue entregada la Gaceta Oficial en la que fue publicada la ley que castiga los crímenes y delitos de odio.
El Fiscal General aseguró que con dicho instrumento jurídico habrá la garantía de que delitos por intolerancia política, discriminación por razones de género y racial, no quedarán impunes.
Aplaudió que la referida norma ayude a contribuir y generar las condiciones para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia.
Precisó que la Ley Constitucional Contra el Odio servirá para castigar a los responsables de hechos violentos como los ocurridos entre abril y junio de este año, cuando fueron apuñalados, apedreados y luego quemados seis venezolanos, cuyos crímenes quedaron sin castigo porque la gestión anterior del Ministerio Público no los investigó.
Criticó que por esos días, las redes sociales fueron utilizadas para justificar este tipo de delitos y promover los insultos por el simple hecho de representar o ser seguidor de un partido contrario.
En tal sentido, agregó que el Ministerio Público da un paso adelante para hacer cumplir este instrumento jurídico, razón por la cual hizo un llamamiento a las personas que hayan sido víctimas de las manifestaciones violentas y no colocaron la denuncia, para que acudan a la sede de la institución que representa, donde serán atendidos.
Puntualizó que cada uno de los casos que no fueron investigados por la gestión anterior, serán judicializados, a fin de que no queden impunes y los responsables respondan ante los hechos cometidos.
A juicio del Fiscal General, esta norma cumplirá un rol histórico, ya que quedará para las próximas generaciones.