Las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra Venezuela degradaron la ya crítica situación económica del gigante petrolero sudamericano y aceleran el proceso de default de pagos de su deuda, que podría ocurrir esta semana, coinciden expertos.
El último paquete de medidas anunciado el 24 de agosto se complementa con el que había sido lanzado en julio, y tiene por objetivo cortar los financiamientos a Venezuela al bloquear el acceso a divisas extranjeras, ya que Washington considera «inaceptable» al gobierno de Nicolás Maduro.
«Las sanciones financieras implementadas en agosto son más significativas porque interrumpen toda nueva inversión directa en el país», dijo Shannon O’Neill, del Consejo de Relaciones Exteriores, un influyente centro de análisis estadounidense.
Venezuela tiene gigantescas reservas petroleras pero es un país pobre en liquidez. «Sus reservas internacionales ascienden e 9.700 millones de dólares, siendo que su deuda externa se eleva a casi 110.000 millones», apuntó por su parte Edward Glossop, economista de Capital Economics, en una nota publicada el lunes.
De esa forma las sanciones «aumentaron la presión sobre Nicolás Maduro, ya que torna casi imposible garantizar el acceso a financiamiento», dijo a la AFP el economista Andrés Abadia, del grupo Pantheon Macroeconomics.
Por fuerza de las sanciones estadounidense, se torna muy difícil también para Venezuela vender obligaciones en el sistema financiero estadounidense. De esa forma el gobierno queda aislado y «la propensión de los inversionistas internacionales en adquirir la deuda del país disminuyó», indicó Abadia.
Citgo, una compañía petrolera venezolana basada en Estados Unidos, donde actúa en el segmento de refinado y tiene puestos de venta de gasolina, tampoco puede enviar dividendos o beneficios a Caracas.
«A cualquier momento»
De acuerdo con Abadia, Venezuela enfrenta no sólo una caída de su producción petrolera (-10% en un año) con la posibilidad de «un colapso total de la economía, y su inflación es ahora la más elevada del mundo», estimada en 1.000% este año y que podría alcanzar los 2.000% en 2018.
En ese cuadro, «los riesgos de un evento caótico de crédito son significativos a cualquier momento», añadió.
Por su parte, Glossop apuntó que ese desenlace podría ocurrir «hasta el fin de esta semana», a menos que la estatal petrolera PDVSA y el gobierno «cubran pagos no efectuados recientemente que suman 500 millones de dólares».
Hasta ahora, el gobierno venezolano ha operado para evitar el cese de pagos al asumir como prioritario abonar vencimientos inmediatos dejando de lado las importaciones de alimentos y medicamentos.
En este escenario, con relación a la reestructuración de la deuda anunciada el viernes por el gobierno, los economistas apuntan que podría estar comprometida a la vista de las circunstancias políticas.
El presidente Maduro ha puesto al frente de esa delicada misión a su vicepresidente, Tarek el Aissami, quien también es objeto de sanciones específicas por parte de Washington, que lo acusa de corrupción y relaciones con el tráfico de drogas.
Para el profesor Robert Kahn, de la Universidad Americana, en Washington, la única salida a esta crisis es un cambio de gobierno.
«Es necesario un cambio en el liderazgo», dijo. «Es necesario nombrar personas que no sean objeto de sanciones, que están dispuestas a reducir la presión sobre la población y reformar la economía», añadió el académico.
En ausencia de un cambio, advirtió, Maduro tendrá dificultades de convencer a los acreedores, ya que las sanciones de Washington prohíben a ciudadanos o bancos estadounidenses adquirir nuevas obligaciones venezolanas o de la estatal PDVSA.
El lunes, la agencia de calificación Moody’s rebajó la deuda de PDVSA de Caa3 a Ca, una decisión que refleja el impago de obligaciones del 2 de noviembre y la «expectativa» de la agencia de que la petrolera caerá en default en otras deudas «en el corto plazo».
Y aún si Rusia y China, los dos principales acreedores, arrojan un salvavidas a Venezuela, los mercados deberán rechazar los papeles no emitidos en dólares autorizados por la poderosa Asamblea Constituyente, apuntan los analistas.
