La Asamblea Constituyente de Venezuela aceptó el lunes retirar la inmunidad parlamentaria al diputado y líder opositor Freddy Guevara por supuestos delitos cometidos durante las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos.
La Constituyente, integrada en su totalidad por aliados del presidente Nicolás Maduro y que la oposición considera ilegitima, aprobó en una sesión extraordinaria revocar la inmunidad para enjuiciar a Guevara en medio del repudio de la oposición, que considera que la acción viola la constitución.
El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a Guevara abandonar el país y solicitó a la Constituyente cancelarle la inmunidad con vistas a un posible arresto y juicio posterior. El máximo tribunal lo acusa de asociación para delinquir e incitación de hechos punibles, todos ellos considerados delitos comunes.
Según la Constitución, compete a la Asamblea Nacional -controlada por la oposición- determinar si se retira la inmunidad a un legislador. Sin embargo, el Tribunal remitió el caso a la Constituyente, que tiene facultades prácticamente ilimitadas y que asumió las competencias del congreso tras su instalación en agosto.
El Tribunal Supremo indicó en su sentencia que dado que los delitos fueron cometidos en flagrancia, el enjuiciamiento del legislador deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes y tampoco fue procedente el antejuicio de mérito, lo que permitió acelerar las acciones en contra del diputado.
Guevara, uno de los principales líderes de la oposición, se refugió el sábado en la embajada de Chile en Caracas ante «las inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal». El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó en un comunicado esa noche que Guevara está en calidad de huésped en la embajada.
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció la aprobación de la acción contra Guevara, afirmando que está ajustada a la norma constitucional, y acusó al gobierno de la presidenta chilena Michelle Bachelet de prestarse para grandes agresiones contra Venezuela y amparar a dirigentes opositores y sus cómplices de intentos de desestabilizar al país.
En un video difundido luego de que la Constituyente aprobó su enjuiciamiento, Guevara expresó que la decisión en su contra no fue una sorpresa, argumentando que Maduro, desde finales de 2016 lo amenazó con cárcel.
Reconoció que insistentemente llamó a la protesta y aseveró que lo volvería hacer, puesto que cree firmemente en la desobediencia civil. Agregó que los venezolanos tienen claro quiénes son «los asesinos y los culpables de la represión».
Horas antes, el gobierno de Maduro emitió un comunicado en el que brindó su respaldo al Tribunal Supremo y pidió «el cese inmediato de las agresiones» procedentes del extranjero contra Venezuela y sus instituciones.
El sábado, 12 gobiernos del continente -entre ellos México, Brasil y Canadá- emitieron una declaración conjunta en la que dijeron que las acciones contra Guevara son un nuevo golpe al estado de derecho y a la separación de poderes en Venezuela.
El partido Voluntad Popular, que dirige el encarcelado Leopoldo López y donde Guevara funge como coordinador nacional interino, dijo que las acusaciones son delitos inexistentes «inventados por la dictadura».
