En casi todos los procesos electorales en los países en los que existen regímenes democráticos, la oposición o algún sector de ésta, denuncia el ventajismo de los gobiernos, que generalmente se traduce en fraude, aunque en la mayoría de los casos no afecta los resultados de las elecciones, pero lo que ha sucedido sistemáticamente en nuestro país, indica que se ha convertido en una política de Estado, que si cambia la correlación de las fuerzas políticas participantes.
La anulación del Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República, convocado por la oposición atendiendo a lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, es el primer gran fraude cometido por el gobierno y ejecutado por el Consejo Nacional Electoral, encargado de defender el voto de los todos los ciudadanos. El CNE no sólo no ha defendido el derecho al voto de los electores, para cuya finalidad fue nombrado, sino que también se ha convertido en un instrumento de todas las violaciones a la Carta Magna, perpetradas por el Ejecutivo Nacional y los militares que por Ley obedecen sus instrucciones.
Una vez impedida la realización del Referendo Revocatorio, el siguiente fraude a la ciudadanía y a la Constitución, fue la postergación de las elecciones regionales para escoger a los nuevos gobernadores de los Estados, evento que debió realizarse en el 2016, fijando por parte del CNE el segundo semestre de 2017, para su realización, posteriormente el mismo CNE las convocó para el mes de diciembre, y finalmente para octubre pasado. Lo que aparentaron como una rectificación democrática resultó un bochornoso acto de represión contra testigos no militantes del Partido de gobierno, amenazas contra miembros de mesas que no respondían a los dictados del oficialismo, utilizando grupos paramilitares dirigidos por funcionarios gubernamentales, e incluso a miembros del Plan República para impedir el ingreso a testigos de los Partidos de la oposición, a los centros electorales.
De allí la decisión de la mayoría de los Partidos Políticos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de no concurrir a las elecciones para elegir a los Alcaldes en el mes de diciembre. Y aunque algunos partidos decidieron participar en dicho evento electoral, casi todos han declarado que están conscientes de los obstáculos que les podrá el Gobierno de Maduro, utilizando las mismas armas represivas y de amedrentamiento que pusieron un práctica en la realización de las elecciones regionales, asumiendo el riesgo de ser boicoteados y burlados en sus aspiraciones, quedándoles únicamente el recurso de la denuncia del fraude, tanto a escala nacional como internacional.
Y aunque la polémica no ha cesado, la participación de algunos partidos políticos y personalidades independientes, si no obtienen como único beneficio la conquista de algunos espacios de menor peso político, tal vez el más importante puede ser la ratificación que existe una política de Estado dirigida a convocar algunos procesos electorales, con la firme disposición de ganarlos mediante el fraude. Y ello podría aumentar la presión nacional e internacional, para obligar al régimen de Maduro a permitir realizar las próximas elecciones en condiciones de respeto al elector, a la Ley del Sufragio y a la Constitución Nacional.
