Venezolanos cuestionan planes de Maduro para salir de la crisis

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Con su país al borde de una desesperada crisis financiera, el presidente de Venezuela propuso reestructurar la enorme deuda externa venezolana, dejando a los inversionistas internacionales preguntándose si recibirán sus pagos y a algunos venezolanos con la duda de que el líder socialista pueda mejorar sus vidas.

El presidente Nicolás Maduro, luego de confirmar el desembolso de 1.121 millones de dólares para los pagos de capital de los bonos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. con vencimiento en el año 2017, anunció en la víspera que iniciaría un proceso de reestructuración y refinanciamiento de la deuda global de este país sudamericano.

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La deuda externa venezolana se estimada en más de 120.000 millones de dólares, donde más de la mitad está en forma de bonos denominados en dólares.

Al comprar en una carnicería de Caracas, Ana González, de 41 años, dijo que tiene que hacer un gran esfuerzo para poner comida en la mesa para su familia. El ama de casa no cree que el gobierno de Maduro pueda rescatar al país de su peor crisis económica.

«Lo que dice es una mentira… Con este gobierno nada cambiará», dijo González, de pie en el mostrador.

Este país rico en petróleo acumuló una enorme deuda cuando los precios mundiales del petróleo se dispararon durante el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El gobierno desde entonces financia toda clase de programas sociales que van desde la adquisición de electrodomésticos hasta ayuda en efectivo para madres solteras. Ahora una caída dramática en el precio del crudo ha devastado al país, que se encuentra en la cima de las reservas de crudo más grandes del mundo.

Para empeorar las cosas, en agosto, la administración del presidente estadounidense Donald Trump –un duro crítico de las políticas de Maduro– impuso sanciones financieras que impiden que los inversionistas de los Estados Unidos puedan prestar a Venezuela.

Las sanciones también impiden que los inversores estadounidenses negocien con una lista de funcionarios, entre ellos el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien Maduro designó para presidir la comisión que renegociará la deuda. Sobre el vicepresidente pesa una sanción por narcotráfico que le impuso el Departamento del Tesoro estadounidense.

El Aissami, en un acto televisado el viernes, invitó a los tenedores de bonos a la primera ronda de negociaciones que se realizará el 13 de noviembre en Caracas.

Maduro indicó el viernes que a partir de ahora toda la deuda externa está en fase de ser refinanciada y renegociada. Aseveró, empero, que los inversionistas pueden confiar que seguirá cumpliendo con transparencia sus compromisos, a pesar de las sanciones estadounidenses.

Es importante destacar que Maduro nunca mencionó la palabra «Default (cese de pago)» en sus comentarios, dijo Russ Dallen, socio gerente de Caracas Capital Markets y experto en la economía venezolana.

Sin embargo, aún no está claro si Venezuela puede maniobrar alrededor de las sanciones.
«El presidente Maduro ha sorprendido al mundo con otra solución inexplicable a una difícil situación económica», dijo Andrea Saldarriaga Jiménez, del Atlantic Council, un grupo de expertos de Estados Unidos. «El tiempo dirá si Rusia o China están dispuestos y pueden intervenir, y si las empresas de los Estados Unidos, como Goldman Sachs, trabajarán alrededor de las sanciones de Estados Unidos».

Venezuela ha cumplido durante años con los pagos de su deuda, reduciendo sus escasas reservas internacionales a costa de las importaciones de alimentos y medicinas, lo que provoca escasez. El país es altamente dependiente de las importaciones.

La inflación de tres dígitos desató además una escasez de efectivo que dificultaba a los venezolanos comprar a diario los productos.

Stalin González, un legislador de la oposición en la Asamblea Nacional, dijo que no reconocerá ninguna reestructuración financiera sin primero sostener un debate entre los legisladores. «Esta es una materia de interés nacional», agregó.

La Asamblea Constituyente, a cargo de redactar una nueva carta magna y que está integrada en su totalidad por partidarios de Maduro, luego de su instalación en agosto, aprobó un decreto en el que asumió las competencias del Congreso y no ha dudado en ejercerlo.

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