El Estado de Derecho y de Justicia Social claramente consagrado en la Constitución vigente, junto con el derecho a la propiedad privada, debidamente registrada, bajo ningún concepto, sin que se hayan cumplido las prescripciones legales, puede justificarse el caso de las invasiones. Bajo esta premisa fundamental para el respeto y el fortalecimiento de las instituciones, resulta altamente preocupante las invasiones que se vienen cometiendo en la caso de la UCLA.
No se trata de hecho aislados, sino en serie. los cuales se repiten, desde hace cinco años sin que hasta ahora hayan podido resolverse. Veamos:
Zona de El Tocuyo (Instituto de la Uva), la cual fue invadida por un sector de la comunidad, luego que se produjese la contaminación del acuífero por parte de Pdvsa, cuyo daño patrimonial fue calculado en más de 400 millones de bolívares, al dejar a las plantaciones sin riego.
Invasión a la casa sede de la Orquesta Mavare, adquirida por la UCLA, para la preservación y conservación del patrimonio musical cultural del estado Lara. Hoy las instalaciones tienen un uso totalmente distinto.
Sede Tarabana, área conexa donde funciona el Postgrado del Decanato de Agronomía, asignada a Ataucla. Se trata de un área donde no se puede construir ningún tipo de edificación o vivienda porque las condiciones del terreno no lo permiten. Pese a que existen sentencias tanto del Tribunal Agrario como del Tribunal Penal, que no se han ejecutado por las instancias competentes..
Area del Bioterio. (Parte alta de Tarabana). Zona cedida en comodato por treinta años, para la realización de un Proyecto de Salud.
Núcleo de San Felipe. Sede Extensión del Decanato de Ciencias de la Salud.
La Ocupación ilegal de la Estación Experimental Dr. Manuel Salvador Yépez (El Torrellero) del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA.
Las autoridades universitarias y diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado condenando tales hechos. Recientemente, el Foros Social Universitario, también fijó posición categórica al respecto, señalando, entre otras consideraciones, que dicha acción:“… constituye un acto de sabotaje a las actividades académicas, productivas y administrativas que se realizan en este espacio universitario. Este hecho evidencia la clara oposición de este grupo contra la estrategia del gobierno bolivariano de promover todas las iniciativas posibles desde las universidades para contribuir en la lucha por la seguridad y la soberanía alimentaria del país, colocándose al margen del proceso de construcción del Estado de Derecho y de Justicia, atropellando además los derechos de la comunidad universitaria y el patrimonio de la UCLA”.
El documento, encabezado por los profesores: Salvador Camacho, Naudys Martínez, Alfredo Coronado, Carlos Núñez, Cécil Pérez y Dionicio Rodríguez, incluye “un llamado a la nueva gobernadora del estado Lara, almiranta en jefe Carmen Meléndez, para que a través de su intervención en el asunto, se solvente la situación irregular ocurrida con esta ilegal ocupación”.
Una universidad invadida es una institución que ve paralizada parte de sus actividades, que siente desvirtuada sus funciones, que siente desgarrarse sus entrañas, su corpus orgánico debilitarse ante la presencia de cuerpos extraños, deslegitimados, que desconocen su razón de ser y el trabajo que en medio de sus avatares realizan sus trabajadores que ven con asombro la sucesión de eventos ante la mirada indiferente, la negligencia, la desidia la complacencia, y cualquier calificativo similar, de quienes irresponsablemente los promueven e impulsan.
