La pretensión del Ministerio Público, el partido oficialista PSUV acompañado por las organizaciones satelitales (PCV y Podemos) es la de levantar un cadalso político para ejecutar a las organizaciones y dirigentes democráticos por interpretar que el sistema electoral en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), apéndice gubernamental, no ofrece garantías al ejercicio del derecho al voto para el proceso municipal del 10 de diciembre.
Pedro Pablo Alcántara, exdiputado de la Asamblea Nacional y actualmente presidente del consejo consultivo del movimiento agroalimentario de Voluntad Popular, al expresar su rechazo a esa propuesta hecha pública por el propio fiscal general Tarek William Saab, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, indicó que este funcionario y los partidos afines al Gobierno están actuando al margen de las normas constitucionales.
En este orden de ideas dijo que las conductas de los órganos públicos y de las organizaciones partidistas coaligadas están dirigidas a que el poder público dicte normas que violen o menoscaben derechos garantizados en la Constitución.
Tal actitud, señaló, es calificada por la carta magna como “un acto nulo” y los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten medidas de esa naturaleza incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa, según sean los casos y no pueden excusarse alegando órdenes superiores.
Conviene resaltar que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, incurre en un acto de abuso de autoridad cuando anuncia fecha de elecciones, violentando las competencias del poder electoral, que se supone autónomo.Ese poder electoral debía protestar la intromisión del Ejecutivo en materia que no es de su competencia.
En la Constitución vigente, votar es un derecho. Con ello se señaló que se iniciaba el cambio de cultura política después de tantos años de paternalismo estatal y del dominio de cúpulas partidistas.Ese principio que debiera permanecer inalterable, ha sido obviado, porque el Gobierno incurre en las mismas perversas prácticas que anteriormente fueron denunciadas y rechazadas por la ciudadanía.
Hay que señalar que el sistema partidocrático hoy es política de Estado.La ocasión es propicia, dijo Alcántara, para hacer ver que el derecho al voto pertenece al ciudadano y no a los partidos, ni al Estado.
Y el Presidente incurre en un delito al pretender ejercer intromisión en el derecho ciudadano al voto.Maduro ejerce autoritariamente el poder al margen de la Constitución. Y debo indicar que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos deben recibir y procesar esta nueva violación a los derechos fundamentales.
Así como el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.Los partidos o personalidades que sean afectadas por la decisión presidencial están en la obligación de apelar en la instancia nacional como ordena la Constitución.
Y de no ser oídos, ante la instancia internacional como lo consagra y ordena la carta magna vigente, ya que los derechos de los ciudadanos no pueden ser eliminados de un tajo como es la pretensión del fiscal y su partido, dijo Alcántara.
