Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo trabajo de investigación que ha publicado hoy.
En Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, la organización revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno han irrumpido violentamente en los hogares de personas intimidándolas y disuadiéndolas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.
“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas
“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares.”
“La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar.”
Organizaciones locales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.
Personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.
Personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.
Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.
Una mujer que residía en un bloque de pisos en el estado de Miranda (norte de Venezuela) contó a Amnistía Internacional que, durante un allanamiento de vivienda efectuado el 22 de mayo de 2017, oyó gritar a los hombres: “Abran, abran […] llegó el coco”.
Las víctimas relataron también que las fuerzas de seguridad habían derribado puertas, habían roto ventanas y, en algunos casos, se habían apropiado de objetos de su casa. En un bloque de pisos de Miranda, cámaras de videovigilancia grabaron a miembros de las fuerzas de seguridad saliendo con grandes bolsas, presumiblemente llenas de objetos robados.
Los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche.
Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas de seguridad preguntaban por el paradero de “los jóvenes que estaban protestando”. Muchos jóvenes fueron sometidos a redadas y se practicaron detenciones arbitrarias de forma masiva.
Un hombre del estado de Lara (norte de Venezuela) dijo que las fuerzas de seguridad entraban gritando: “Bajen ahora malditos guarimberos […] los vamos a violar a toditos”.
Varias víctimas dijeron a Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir.
Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas.
“Estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales con arreglo al derecho internacional y a la propia Constitución de Venezuela”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.
“Ya es hora de que el gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro, y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas.”
“Las autoridades transmiten un mensaje escalofriante al continuar con esta represión en lugar de investigar y castigar a los responsables de estos actos: que cualquiera puede sufrir la represión en cualquier momento y lugar, con independencia de sus convicciones políticas.”
Datos y cifras
Ataques y allanamientos ilegales de viviendas:
- al menos 47 ataques y allanamientos ilegales de viviendas de abril a julio de 2017 (según la investigación de una organización local de la sociedad civil, MiCondominio);
- 11 estados del país donde se han denunciado ataques y allanamientos: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Caracas, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa y Zulia;
- 6 fuerzas de seguridad diferentes implicadas en los ataques y allanamientos: la policía estadal, el Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM);
- al menos 4 derechos humanos son violados durante un allanamiento ilegal y violento de una vivienda particular: el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso y el derecho de la persona a que se respete su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia;
- 21 bombas de gas lacrimógeno disparadas contra un solo edificio el 29 de julio de 2017 (Montalbán, Caracas);
- 13 impactos de perdigones en la espalda de un hombre que resultó herido cuando estaba junto a la puerta de su casa durante un ataque perpetrado en su barrio el 20 de julio de 2017 (La Isabelica, Valencia);
- 19 días pasó detenido arbitrariamente un muchacho de 17 años tras ser detenido cuando estaba en su dormitorio jugando a videojuegos durante un allanamiento ilegal.
Manifestaciones y conflictividad social en 2017:
- 4 meses duró la ola de mayor conflictividad social (del 4 de abril al 30 de julio);
- +120 homicidios (datos publicados por la Fiscalía General de la República) (Basándose en estos datos, Amnistía Internacional considera que algunos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales);
- 2.000 personas resultaron heridas (datos publicados por la Fiscalía General de la República);
- +5.000 detenciones (según una organización local de la sociedad civil que presta asistencia jurídica a personas detenidas).
Otros datos pertinentes:
La mortalidad materna aumentó un 65% de 2015 a 2016 (según datos publicados en 2017 por el Ministerio de Salud de Venezuela).
La mortalidad infantil aumentó un 30% de 2015 a 2016 (según datos publicados en 2017 por el Ministerio de Salud de Venezuela).
Hubo 21.752 homicidios en 2016, o 70 homicidios por cada 100.000 habitantes (datos publicados por la Fiscalía General de la República).
