El Foro Penal Venezolano, capítulo Lara, coordinado por el abogado Abraham Cantillo, continúa ejerciendo sus facultades constitucionales en defensa de los derechos humanos.
Cantillo sostiene, de acuerdo a la data manejada por la instancia, que desde el 1 de abril de esta año que iniciaron las protestas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, se contabilizan en todo el país 5.480 detenciones, de las cuales 752 fueron procesadas por ante el Tribunal Militar, a escala nacional.
De esa cifra, en Lara el Foro Penal conoce de 9 personas no privadas de libertad, pero cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario, caso de la ciudadana María Elena Uzcátegui, entre otros.
Desglosó en tres etapas el lapso de abril a julio de 2017 en que se desarrollaron las protestas en el país.
La primera se constituyó con detenciones arbitrarias.
La segunda fue de detenciones no solo arbitrarias sino por señalamientos que nunca se mostraron, es decir, selectivas. No hubo elementos que vincularan a las personas capturadas con los hecho que se les responsabilizaba.
En tal sentido, por falta de pruebas a muchos casos se les decretó el sobreseimiento y las personas quedaron absueltas.
La tercera, en la etapa final de las protestas, fueron detenciones relativamente preventivas, sobre las que se empleó la fuerza física.
Determinó que hubo una fase intermedia en el mes de julio, cuando varios de los casos fueron remitidos a la justicia militar, siendo este modo de proceder del gobierno una nueva modalidad en el país porque los capturados eran personas del mundo civil y no del estamento militar.
Esgrimió que posterior a esta fase intermedia, llegaron los días que se produjeron acciones tipo secuestro.
Personas eran buscadas por los cuerpos de seguridad, raptadas y aparecían luego pesando sobre ellas acciones de tipo penal, situación que hoy sigue bajo análisis, casos como el de El Parque Botánico El Cardenalito y Fundalara, por citar dos de ellos.
Otro elemento que se suma es la participación de colectivos que sin ser organismos facultados por la ley para detener a ciudadanos usurparon esta función, adyacente al Politécnico y cerca del antes denominado CORE.
Bajo esta inusual práctica fueron detenidos Jean Carlos Pacheco y Katiusca Salón, a quienes les aplicaron una acción penal.
Precisó que los delitos más comunes durante el período de protestas fueron instigación, intimidación y detestación de artículos incendiarios, pero la realidad es que nunca se logró probar ni establecer las experticias, nunca hubo elementos criminalísticos como huellas que ligaran a la persona con el delito.
Informó que actualmente el Foro Penal realiza campañas de concientización en Lara y todo el país para que los muchachos no caigan en el juego político, en razón del saldo de 130 muertos que hubo. “No podemos poner a los muchachos como carne de cañón, porque ya sabemos el resultado de que nadie va a pensar en ellos”.
Lamentó que los únicos que han mostrado preocupación por los caídos han sido el diputado Alfonso Marquina, el abogado José Gregorio Zaá y Macarena González, así como autoridades de la UCLA, Politécnico y otras universidades locales.
