Los cancilleres de los doce países americanos que integran el Grupo de Lima, reunidos el jueves en Toronto, pidieron a la ONU involucrarse en la situación que atraviesa Venezuela donde se registran continuas violaciones a los derechos humanos, según declaración conjunta.
En el comunicado difundido por la cancillería peruana los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú «solicitan al Secretario General y al sistema de las Naciones Unidas que contribuyan a atender dicha crisis y las continuas violaciones de los derechos humanos», tras evaluar la situación en Venezuela.
La canciller canadiense Chrystia Freeland, y su par peruano, Ricardo Luna, serán los encargados de reunirse con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para expresar la preocupación del colectivo regional sobre la crisis humanitaria y política que afecta a Venezuela.
Los doce países reiteraron su rechazo a la forma como se desarrollaron las elecciones regionales venezolanas del 15 de octubre, donde hubo «actos de intimidación, manipulación, coacción social y condicionamiento del voto, entre otras irregularidades».
Subrayan, además, que la vía para solucionar la actual crisis es un acuerdo negociado entre el gobierno y la oposición, con acompañamiento internacional.
En relación a las divisiones en el bloque opositor tras las elecciones, notablemente la renuncia a dicho colectivo del líder Henrique Capriles, el Grupo de Lima «exhorta a las diferentes fuerzas de oposición a mantener su unidad, ofreciendo un frente común programático como condición indispensable para lograr la solución de la crisis venezolana».
El Grupo de Lima instó a las autoridades venezolanas a renovar el Consejo Nacional Electoral y a publicar un cronograma de elecciones, «que deben ser supervisadas por observadores electorales independientes».
El bloque regional aseguró que la crisis humanitaria se agudizó en Venezuela, y deploró que no se permita el acceso a la ayuda internacional para atender las necesidades básicas de la población, en particular en materia de salud y alimentación.
«La desnutrición infantil se ubica en un 11.4%, equivalente a un estado de crisis según estándares mundiales (…) En materia de salud, 85% de las personas que requieren medicamentos no logran conseguirlos y enfermedades que hasta el 2014 se creían erradicadas, como la malaria, se han incrementado en 76%», señaló la declaración.
