La juramentación de los cuatro gobernadores de oposición, abanderados de Acción Democrática, ante directivos de la Asamblea Nacional Constituyente constituye una situación confusa política y jurídica, según la apreciación de la Dra. Nancy Rodríguez de Rodríguez, ex presidenta de la Comisión Evaluadora de Jueces y ex diputada regional.
En primer lugar hay que tomar en cuenta que esa Constituyente se instaló, después de haber sido integrada por elementos identificados plenamente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, en forma ilegal e inconstitucional.
En segundo término, para que pudiera tener verdadero sentido instritucional, ha debido llevarse a cabo el proceso de consulta a la población, lo cual no se hizo, en razón de lo cual no tiene legitimidad.
Y en tercer término, en caso de que hubiese sido convocada legítima, legal y constitucionalmente, aún se mantiene vigente la Constitución del 99, cuyo contenido tiene que ser acatado, respetado y cumplido cabalmente.
En cuarto lugar, existe una ley de elección de gobernadores, que establece claramente que los mandatarios regionales tienen que ser juramentados por los representantes del pueblo encarnados en los consejos legislativos. Y al mismo tiempo de que tienen que ser acatados esos principios, tenemos cuarenta años tratando de que se cumpla cabalmente el proceso de descentralización administrativa, para que la gestión de los gobernantes se acerque cada vez más al pueblo.
Este régimen ha venido centralizando todas las instancias y ahora agrava la situación cuando pretende imponer decisiones de una Constituyente que es ilegítima, ilegal, inconstitucional y abusiva. En cuanto a la actitud de esos gobernadores, ellos dijeron que no acatarían mandato alguno fuera de la Constitución, pero, decidieron someterse a la Constituyente y desde luego violaron la Constitución y las leyes que deben cumplir como funcionarios. La factura es cobrada por los electores y sus consecuencias son decisivas, dijo la Dra. Rodríguez.
