El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que su gobierno dará a conocer el sábado medidas concretas acordadas con los partidos de oposición para detener el intento secesionista de Cataluña, pero se negó a aclarar si éstas incluyen convocar a elecciones regionales en enero.
Carmen Calvo, la principal negociadora del Partido Socialista (PSOE), anunció horas antes que se realizarían nuevas elecciones en Cataluña como parte del apoyo de su partido a los esfuerzos del gobierno para frenar la crisis política más grave de las últimas décadas.
Con respecto a la medida constitucional sin precedentes que su gobierno se apresta a tomar, de intervenir en Cataluña, Rajoy dijo al margen de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas que «el objetivo es doble: el regreso a la legalidad y la recuperación de la normalidad institucional».
Es probable que la decisión avive las tensiones entre España y los activistas independentistas catalanes. El gobierno regional catalán afirma tener el mandato de separarse de España tras un referendo ilegal celebrado el 1 de octubre y no quiere celebrar nuevas elecciones regionales.
El gobierno central prevé celebrar el sábado un Consejo de Ministros para iniciar la activación del Artículo 155 de la Constitución española de 1978, que permite a las autoridades centrales asumir todas o parte de las competencias de cualquiera de las 17 comunidades autónomas del país.
La medida, que no se ha utilizado desde la restauración de la democracia tras la dictadura de Francisco Franco, necesita la aprobación del Senado. El gobernante Partido Popular tiene mayoría absoluta en la cámara alta, de modo que podría aprobarla por sí mismo con facilidad a partir del 27 de octubre.
La medida también ha sido acordada con el partido centroderechista Ciudadanos, dijo Rajoy a la prensa en Bruselas.
Aunque no forma parte de la agenda oficial de la cumbre, la crisis catalana era el tema principal de discusión en los pasillos. Rajoy insiste que se trata de un asunto interno español, pero reconoce la inquietud que causa a sus colegas.
Acusó a las autoridades separatistas catalanas de atentar contra el estado de derecho y la democracia, y sostuvo que «esto es directamente contrario a los principios fundamentales de la Unión Europea».
Gobernantes europeos como la primera ministra británica Theresa May y el presidente francés Emmanuel Macron han apoyado a Rajoy en el enfrentamiento con los catalanes.
Entre tanto, independentistas catalanes hicieron una llamada a sus seguidores a que retirasen dinero en efectivo de las entidades financieras que han trasladado su sede oficial a otros lugares de España.
El grupo paraguas Crida Democracia pidió el jueves por la noche a los consumidores que presionaran a los bancos que trasladaron su sede social. Docenas de personas hacían fila el viernes en una sucursal de CaixaBank en el centro de Barcelona, y la mayoría retiraron 150 o 160 euros de los cajeros automáticos.
Las cifras eran las más cercanas a 155 que permitían las máquinas bancarias, una referencia al número del artículo en la Constitución española.
CaixaBank y Banco Sabadell, los bancos más grandes de Cataluña, son algunas de las casi 1.000 instituciones financieras y empresas que han trasladado su dirección oficial fuera de la comunidad autónoma.
«Estos bancos son traidores», dijo Oriol Mauri, de 35 años y propietario de un negocio de juegos infantiles en el centro de Barcelona. «Tienen que ver que somos muchos los que estamos enfadados».
Mauri, que retiró 150 euros porque el cajero no le permitía sacar 155, dijo que no le preocupaba la marcha de empresas de Cataluña.
«No me preocupan las repercusiones económicas», dijo Mauri. «Nuestro poder como consumidores es quizá la única forma de influir y de que se oiga nuestra voz en Europa».
Ana Coll, farmacéutica de 55 años y que retiró 160 euros, dijo que las protestas pacíficas en la calle no han bastado para influir a los que toman las decisiones en España y Europa.
«Tenemos que aumentar nuestras acciones y hacer algo que duela de verdad, y eso es apuntando al dinero», afirmó.
Sin embargo, no todo el mundo veía la iniciativa como acertada y productiva.
«Esto es como dispararse en el pie. No va a resolver nada», dijo Óscar García, consultor de 42 años, que comparó la propuesta con «la pataleta de un niño que no consigue lo que quiere».
La crisis en torno al movimiento independentista en Cataluña escaló el jueves cuando el gobierno español empezó a preparar la activación del Artículo 155, después de que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, declinara renunciar a la secesión.
Puigdemont envió una carta al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, justo al borde de un plazo límite fijado por Madrid para que diera marcha atrás a sus planes de independencia.
Sin embargo, el presidente regional no cedió y amenazó con hacer una proclamación unilateral de independencia si el gobierno de Rajoy se negaba a negociar.
El gobierno español respondió convocando el Consejo de Ministros del sábado para activar el proceso de intervención.
Puigdemont y sus aliados han descartado por ahora celebrar elecciones autonómicas anticipadas para resolver la crisis.
Los legisladores independentistas se reunieron para debatir la convocatoria de una sesión especial en el parlamento regional la semana que viene, según dijo el jueves por la noche a The Associated Press Eulalia Reguant, legisladora del partido de ultraizquierda CUP, lo que podría apuntar a la declaración unilateral de independencia sugerida en la carta del presidente catalán.
