En sentido estricto y con pleno apego al significado que le atribuye el DRAE, pudiéramos decir que es innegable el grado de dificultades o complicaciones así como de razones desconocidas que están presentes en el proceso relacionado con la ausencia absoluta del Rector de la UCLA. A riesgo de equívocos y salvo mejor comentarios, esbozamos los siguientes planteamientos:
A raíz de la decisión del Consejo Universitario, en sus Sesión N° 2746 del 31 de agosto de este año, se ha generado una disputa jurídica en torno a la interpretación de la normativa legal que regula este tipo de situaciones, las cuales se resumen básicamente en dos posiciones: Aquellas que sostienen que corresponde al CU la designación del Rector (a); y las que atribuyen tal potestad al Consejo Nacional de Universidades.
Como es sabido, el CU, en la referida sesión procedió a elegir a la Vice Rectora Académica, como interina o encargada hasta la realización de las elecciones correspondientes, las cuales fueron suspendidas por el TSJ, el año 2010; sentencia que se ratificó en el año 2013. En otras palabras, la posibilidad de elaborar un nuevo Reglamento Electoral (algo en lo cual la comunidad universitaria está de acuerdo) como salida definitiva, estaría vetada por dicha instancia, a la espera de otro pronunciamiento. ¿Cuestiones de retardo procesal característico del sistema judicial venezolano? ¿Negligencia e indiferencia frente a un sector de universidades venezolanas? ¿Política deliberada? En cualquier caso, muestra innegable de la ineficiencia en un aspecto tan importante para la vida institucional del país. ¡Pero el dinosaurio mora en su lecho burócrático!
Cuando toda la comunidad universitaria esperaba que al reinicio de actividades, con la decisión en cuestión, se “normalizaran” las actividades, resulta que al día de hoy, al momento de escribir esta notas, la Rectora nombrada (Vicerrectora en ejercicio) no se ha incorporado. Es decir, en la práctica, la UCLA está funcionando sin la titularidad de ambos cargos. Oficialmente, al parecer, no se ha recibido ninguna comunicación formal que explique tal ausencia, amparada en un permiso legalmente concedido meses atrás, para viajar al exterior.
Mientras tanto, como es de suponer, los trámites que tienen que ver con las certificaciones y registro de documentos académicos, incluyendo actos de grado, están acumulados y paralizados por la respectiva firma. No así, en honor a la verdad, las tareas que corresponden al Vicerrector Administrativo y al Secretario General.
Las expectativas están centradas en el día 16 de octubre, fecha en la cual se especula acerca de la culminación del permiso e incorporación a la UCLA para el cierre de ese ciclo a todas luces inesperado y lleno de incertidumbre y contradicciones. Caso contrario, siendo consecuente con el procedimiento anterior, el CU deberá a resolver impostergablemente la situación existente.
Por ambas vías, los intríngulis del proceso continuarán. Pasadas las elecciones regionales, se ubicarán en el contexto del CNU: Una resolución que designa una Comisión para conocer la situación de la UCLA, que hasta ahora no se constituido como tal, sin que las autoridades hayan sido notificadas formal y oficialmente. Una solicitud de audiencia ministerial por parte de estas, que no ha sido respondida. Una convocatoria ordinaria de aquel organismo pautada para el 24-O.
