El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno se pronunció este viernes sobre la instalación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia instalado en la sede de la OEA en Washington, con magistrados designados por la Asamblea nacional.
A través de un comunicados fue enfático en afirmar que cualquier pretensión de atentar contra la institucionalidad del Sistema de Justicia, será castigada severamente por los organismos competentes y no servirán para ello excusas ni justificaciones de ningún carácter.
A continuación, comunicado del magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela:
«Revisaremos con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la justicia venezolana.
Es importante conocer que a la luz de lo que dispone el artículo 138 de nuestra Constitución, ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’.
Asimismo, el artículo 152 de nuestra Constitución, nos obliga a mantener la más firme y decidida defensa de los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en nuestros asuntos internos, así como la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.
Es así, como las distintas Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, mantienen una relación de respeto y reciprocidad en materia judicial con la mayoría de los países del mundo, todo lo cual, cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, sólo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales y otros que por la dinámica jurídica se presentan a diario en todos y cada uno de los tribunales del país. Es importante que los países del mundo rechacen estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional, y que no sólo amenaza a Venezuela sino a cualquier país, a sabiendas que las decisiones judiciales tienen el carácter de afectar en ocasiones la dinámica jurídica de otro país.
Este grupo de ciudadanos venezolanos, que no vacilamos en calificar de apátridas y mercenarios de la justicia, deben ser perseguidos no sólo por los organismos del país, sino por las instituciones del mundo, ya que ésta inmoral pretensión afectaría el buen desenvolvimiento de los procedimientos internacionales.
Quienes ilegalmente designaron a estos sujetos, saben que lo hicieron con un procedimiento inconstitucional e ilegal, por eso, carecen de cualquier facultad, y su único objetivo es cometer delitos de lesa patria.
Condenamos firmemente este intento de Golpe Judicial y nos mantendremos firmes en la defensa de la Soberanía y de nuestras instituciones».
