El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que los gobernadores electos en los comicios del domingo tendrán que «subordinarse» a la Asamblea Constituyente, órgano con suprapoderes integrado sólo por oficialistas y calificado de fraudulento por la oposición.
«La Asamblea Nacional Constituyente decidió que los gobernadores (electos) tendrán que juramentarse y subordinarse a la Constituyente como requisito ‘sine qua non’, ineludible, para asumir sus cargos», dijo durante una llamada telefónica transmitida por el canal estatal la noche del miércoles.
Los venezolanos acuden a las urnas el domingo para elegir a 23 gobernadores en unos comicios que debieron celebrarse en 2016, según la Constitución. El oficialismo controla 20 gobernaciones.
«No podrá haber un gobernador que se juramente y acepte su cargo sin juramentarse ante el poder plenipotenciario de la nación», subrayó Maduro telefónicamente en el programa de televisión del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
El jefe del Estado recalcó que la «Asamblea Constituyente es la convocante a las elecciones» y por ello «todo el que vote el domingo estará votando por la Constituyente, reconociendo su poder».
La Asamblea fue convocada por Maduro en mayo pasado tras cuatro meses de protestas que exigían su salida del poder y que dejaron unos 125 muertos. La oposición no reconoce la legalidad de la Constituyente que regirá hasta 2019.
El bloque opositor denunció el miércoles que el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de servir al gobierno, cambió de lugar 205 centros de votación en 16 estados para afectar su votación del domingo.
El mandatario, por su parte, aseguró que las elecciones son «libres, directas, democráticas y secretas».
«Han querido calificarnos como una dictadura (…) Llamo al pueblo a que salga a votar y cada voto sea (…) un mensaje de que Venezuela le dice no a las sanciones extranjeras», agregó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió el 25 de agosto a los estadounidenses colocar nueva deuda de Venezuela y su petrolera PDVSA en la primera sanción económica directa contra el gobierno socialista.
