La Compañía Anónima Central Azucarero La Pastora y el Central Azucarero Río Turbio están sujetos a investigaciones por fraude, tal como lo dio a conocer el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, ayer.
El Central La Pastora, anclado en el municipio Torres, está siendo investigado por incurrir en la sobrevaloración de un 230% en importación de azúcar cruda, por recibir 1.3 millones de dólares y por alteración de las actas del pesaje.
Como parte de la investigación fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, ejecutivo de la compañía, y fueron emitidas otras siete órdenes de aprehensión para personas vinculadas con la empresa.
Consecuencia de las irregularidades encontradas, Saab anunció que ayer miércoles se procedería a tomar las instalaciones del central La Pastora, “para administrarlo de manera eficiente”. Adelantó también que el Ministerio Público coordina allanamientos en la empresa.
Acerca de esta notificación, el presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores (Fesoca), José Ricardo Álvarez, aclaró en comunicación telefónica con EL IMPULSO: “En ningún momento se ha hablado de expropiación”. Por la desinformación sobre la medida anunciada por el fiscal general designado, dijo, predomina incertidumbre. Aun así, aspira a que las autoridades lleguen a un acuerdo con la empresa para que las investigaciones se completen sin detener las operaciones para no perjudicar ni a los empleados ni a los productores.
El Central Azucarero Río Turbio, ubicado en el municipio Palavecino, también está siendo sometido a un procedimiento legal. En una audiencia resuelta el viernes, dictaron privativa de libertad contra los accionistas Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz. A esta empresa le asignaron 156 millones de dólares para importar materia prima entre los años 2004 y 2017, a través de Cadivi y Cencoex.
Los imputados, supuestamente, usaron la sobrefacturación para cometer fraude al Estado. Por eso, ambos fueron imputados por delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Existen, además, otras ocho órdenes de captura por este caso.
Por sobreprecios en importaciones con divisas aprobadas por el Estado, dijo Saab, se investigan 32 compañías y 26 de estas son ficticias.
Manuel Sosa imputado por peculado doloso
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que Manuel «Coco» Sosa fue imputado y privado de libertad por los delitos de peculado doloso y asociación para delinquir.
Saab recordó que el caso de Sosa se inició tras la investigación en la adquisición de dos impresoras para el mejorado de Petropiar «con sobreprecio y sobresaturación que finalmente cobró por un monto de 391.111 dólares».
El fiscal añadió que dichas investigaciones arrojaron unas serie de irregularidades, en la que se desprende la posible vinculación de Francisco Javier Velázquez, gerente de Petropiar de Pdvsa.
