Los trabajadores parroquiales de la Alcaldía de Iribarren, que la semana pasada recibieron la notificación de la rescisión de su contrato, entregaron un documento ante la Inspectoría del Trabajo, en el cual solicitan el reenganche inmediato a sus puestos de trabajos.
Acompañados por los concejales Joel Mendoza e Ibrahim Querales, de la comisión de administración de personal del Concejo Municipal, además de la profesora Bolivia Suárez y Charlie Virguez, asesor de asuntos laborales del Concejo, los siete trabajadores designados para atender a la parroquia Buena Vista, reiteraron que la medida en su contra se trata de una retaliación política por no seguir lineamientos de la nueva administración.
El concejal Mendoza recordó que el patrono no cumplió los trámites necesarios para rescindirle el contrato, que tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre de este año, pues no existía causal de despido.
Añadió que prácticamente estos trabajadores deberían pasar a la nómina formal de la municipalidad pues han tenido contratos sucesivos.
-Por cuestiones presupuestarias, el alcalde Alfredo Ramos no les había podido asignar su cargo, pero estaban optando por uno. Aquí tenemos a trabajadores contratados desde el 2014, a quienes anualmente se les renovaba su contrato sin preguntarle partido político, incluso tenemos trabajadores que ingresaron a última hora cuando estaba saliendo Amalia Sáez, dijo Mendoza.
El concejal Ibrahim Querales manifestó que los trabajadores parroquiales son vitales para una gestión pues son quienes mantienen el contacto directo con la comunidad y trasladan las necesidades a los líderes políticos, con miras a lograr beneficios.
-Sentimos que a la nueva alcaldía, dirigida por Teresa Linárez, no le interesa trabajar en las comunidades ni velar por el beneficio de ellos, muestra de eso, es la eliminación de beneficios sociales que Alfredo otorgó, como los farmatickets, becas Jacinto Convitt para los estudiantes de bachillerato y otros programas, señaló Querales.
Comentó que todos los trabajadores de la alcaldía fueron engañados con la promesa de que iban a pagar el sueldo integral de 325.000 bolívares, cuando en realidad las quincenas no superan los 30 mil bolívares.
Charlie Virguez agregó que el acoso laboral mantiene en zozobra a los trabajadores del municipio y los despidos continúan. Recientemente también notificaron rescisión del contrato a un trabajador parroquial de El Cují, uno de Aguedo Felipe Alvarado, uno de Juan de Villegas y a cuatro del Imdes.
A partir de la consignación del documento de solicitud de reenganche, la Inspectoría tiene dos días para pronunciarse y el reenganche debe ser inmediato.
