Para el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) es fundamental participar en las regionales del próximo domingo, a pesar de las violaciones a la norma que comete el Consejo Nacional Electoral (CNE) para “generar dudas y desconcierto” en la población que sufraga.
Según un comunicado de prensa, la negativa de sustituir candidatos perjudica el libre ejercicio del derecho al voto y rompe con una práctica institucional, enrareciendo el proceso y contradiciendo el espíritu democrático. No obstante, no debe ser ese el impedimento para que los venezolanos salgan el 15 de octubre a votar por el candidato de su preferencia.
“Lo que han están solicitando varios de los partidos cuyos postulados no resultaron vencedores en las primarias y que, por ello, renunciaron a la candidatura, es que ellos sean sustituidos por otros. Una vez producido el vacío, y por solicitud del postulante, el candidato debe ser sustituido. Aunque es importante recordar que el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, al que se hace referencia, no fija un plazo para sustituir.
Al contrario del artículo 63 que habla de las modificaciones”, explica la OEV al tiempo que se pregunta qué sucederá con los votos a favor de los candidatos que renunciaron; si serán considerados como nulos o contabilizados para el candidato que decidieron apoyar. En todo caso, reitera que el Poder Electoral no sólo violó el derecho de las organizaciones políticas a sustituir candidatos, tras un proceso de primarias, sino que transgredieron el derecho del ciudadano a estar debidamente informado sobre la oferta electoral.
No obstante, el Observatorio destaca que la superación pacífica de la crisis económica, política y social que atraviesa el país, también pasa por un ejercicio democrático como lo es el voto, aunque no exista un clima propicio, partiendo de los principios de transparencia, equidad e imparcialidad.
“El Observatorio Electoral Venezolano considera que decisiones como éstas no ayudan, ciertamente, para que las cosas ocurran con normalidad, pero no debe ser un impedimento para que los ciudadanos dejen constancia de su opinión”, puntualiza el documento.
