El gobierno de España le dio al líder separatista de Cataluña cinco días para que aclare si su afirmación ambigua sobre la secesión es una declaración formal de independencia, y le advirtió el miércoles que de su respuesta dependerá si aplica facultades constitucionales para reducir la autonomía de la región.
Después de que amenazó con aplicar un artículo de la constitución española para reafirmar el control sobre la región, el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que la respuesta que dé el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al ultimátum del gobierno central será crucial para decidir «los acontecimientos de los próximos días».
Puigdemont anunció el martes que aprovechaba la victoria obtenida en el referendo del 1 de octubre para proceder con la declaración de la independencia catalana, pero propuso congelar su puesta en marcha algunas semanas para permitir el diálogo y la mediación con el gobierno en Madrid.
Al parecer, la ambigüedad de la postura de Puigdemont estuvo dirigida a sosegar a los separatistas más fervientes, pero también a generar apoyo _tanto en Cataluña como a nivel internacional_ mediante la provocación de otra respuesta severa del gobierno de Rajoy.
La policía española recurrió al uso de la fuerza para tratar de impedir el referendo, y las imágenes difundidas suscitaron algunas simpatías a favor de los separatistas.
Ante el congreso nacional en Madrid, Rajoy dijo el miércoles que el referendo que el parlamento regional de Cataluña y el gobierno de Puigdemont celebraron pese a que había sido prohibido por un tribunal, fue ilegal y parte de una estrategia para «imponer una independencia que pocos quieren y a nadie conviene».
La consiguiente crisis, subrayó, significa que «nuestra democracia vive uno de los momentos más graves de su historia reciente».
Rajoy, cuyo gobierno fue criticado debido a la violencia policial, responsabilizó a los separatistas por incitar las recientes protestas callejeras, y señaló que «nadie puede estar orgulloso» de la imagen proyectada por España con el referendo al resto del mundo.
Abogados catalanes, grupos de la sociedad civil y políticos de toda España han ofrecido sus servicios como mediadores entre las partes en pugna, pero Rajoy rechazó las propuestas. El presidente español dijo que se rehúsa a sostener un diálogo con un gobierno catalán desobediente.
«No hay mediación posible entre la ley democrática o entre la desobediencia y la ilegalidad», afirmó Rajoy, quien dejó en las autoridades catalanas en Barcelona la responsabilidad de la próxima decisión.
Si Puigdemont contesta antes del lunes que efectivamente declaró la independencia, tendría tres días más para rectificar la situación, de acuerdo con una exigencia formal presentada el miércoles por el gobierno central.
Lo anterior significaría abandonar la puesta en marcha de la declaración que los legisladores separatistas catalanes firmaron para establecer una nueva república de Cataluña, señaló el gobierno.
Negarse a retractar la declaración independentista o la ausencia de una repuesta propiciarían que Madrid aplique el artículo 155 de la Constitución española, el cual permite al gobierno central asumir el control parcial o total de cualquiera de las 17 regiones del país en caso de rebeldía o si incumplen sus obligaciones legales.
La advertencia emitida el miércoles es el primer paso que necesita el gobierno central para pedir al Senado que apruebe la aplicación del artículo constitucional.
La medida jamás se ha utilizado durante las casi cuatro décadas desde que la constitución de 1978 restauró la democracia en España después de la dictadura de Francisco Franco.
El ejecutivo central «quiere ofrecer certezas a los españoles», dijo Rajoy, y agregó que «es preciso que vuelvan la tranquilidad, la seguridad y el sosiego».
