La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía deben declarar la ilegalidad del proceso que se le sigue a Roberto y deben decretar su liberación inmediata y el sobreseimiento de la causa.
Conozco a Roberto Picón. Puedo dar fe de que es un hombre bueno. Un profesional competente y honesto. Un ejemplar jefe de familia. Un ciudadano serio y responsable. Roberto tiene alrededor de cien días preso. Fue detenido el 22 de junio de este año. Todavía no se sabe cuáles son los hechos que se le imputan. Se le acusa de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares.
Se le presentó ante un tribunal militar cuatro días después de haber sido detenido. La ley establece que solo puede pasar 48 horas antes de que un ciudadano privado de su libertad sea presentado ante un tribunal competente. No había auto de detención y no se permitió que Roberto pudiera hablar con sus abogados.
En el caso de Roberto, como en tantos otros, se ha violado el derecho a la defensa y también se ha violado el debido proceso. No se respetaron los lapsos procesales. A los noventa días no se ha fijado la audiencia preliminar. No hay ningún elemento de hecho ni de derecho para que Roberto esté privado de libertad.
Roberto es un ciudadano civil. Es un atropello que lo esté enjuiciando un tribunal militar. Eso representa una grave violación a su derecho a la defensa y al debido proceso y al juez natural. Los tribunales militares no tienen autonomía ni independencia frente al Presidente de la República que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada.
Pero lo importante es que un ciudadano civil no tiene por qué ser juzgado en la jurisdicción militar. Además, Roberto no debe estar privado de su libertad personal. No existe ningún elemento de prueba o convicción que lo justifique. No hay ningún indicio que permita suponer que Roberto haya incurrido en ninguno de los hechos que se le imputan.
El Gobierno está invocando delitos de traición a la patria y otros similares para perseguir y amedrentar a todos los que se oponen a sus políticas. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía deben declarar la ilegalidad del proceso que se le sigue a Roberto y deben decretar su liberación inmediata y el sobreseimiento de la causa.
A estas alturas no se conocen las condiciones de modo, tiempo y lugar del presunto delito en el que habría incurrido Roberto Picón. Por lo demás, fue detenido en un allanamiento ilegal en una residencia particular. Por supuesto, todo lo que he dicho en relación con Roberto Picón podría también decirse de otros muchos ciudadanos venezolanos que han sido arbitrariamente privados de su libertad por el solo delito de oponerse al Gobierno. Y sometidos a trato indigno.
Tenemos derecho a reclamar la plena vigencia del Estado de derecho y la existencia de una administración de justicia autónoma e independiente.
Seguiremos conversando.
Eduardo Fernández
@EFernandezVE
