Representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) aseguraron que el blackout informativo por el que atraviesa la sociedad venezolana es una política de Estado.
Al respecto, el investigador del observatorio, Nelson Rivas, aseguró que el Estado venezolano implementa un plan de desinformación a la ciudadanía a través del cierre de medios de comunicación y limitación sustancial en la conectividad de Internet y el uso de redes sociales.
«A diario los venezolanos padecen por constantes cortes del servicio de Internet sin ninguna explicación oficial, a pesar de que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) es la principal proveedora del servicio a usuarios y empresas», indicó.
Agregó que los múltiples robos de fibra óptica en todo el país, especialmente en zonas donde la protesta fue intensa los pasados meses; la falta de inversión en el sector; la discrecionalidad con la que actúa la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en la regularización del servicio de telefonía móvil y paquetes de datos, así como la nula disponibilidad de hacer contratos nuevos para servicio de Internet, evidencian que el Estado venezolano juega a una sociedad desinformada para que no se forme un criterio y no se exprese.
