A siete trabajadores parroquiales de Buena Vista, contratados por la Alcaldía de Iribarren, durante la gestión de Alfredo Ramos, se les indicó este martes que se presentaran de urgencia en el Palacio Municipal en donde se les entregó una notificación de “rescisión de su contrato”.
Un contrato que culminaba el 31 de diciembre de 2017 pero que se anuló sin justificación alguna, según lo denunció el concejal de la Mesa de la Unidad, Joel Mendoza, presidente de la comisión de administración de personal.
Marlynde Abarca, Joanny Medina, Geraldine Mendoza, Milianny Lucena, Roimer Torres, Dialis Jiménez y Luis Mujica, eran promotores sociales, encargados de promover los programas que se crearon para beneficio de los más desprotegidos como el médico va a tu casa, farmatickets, programa Jacinto Convit y becas.
Semanalmente presentaban el informe de sus actividades pero desde que asumió Teresa Linárez como alcaldesa designada, la nueva directiva sólo los tenía cumpliendo horario.
“Ellos no nos dejaban hacer nada porque supuestamente nosotros iríamos a las comunidades a hablar bien de Alfredo Ramos, sólo firmábamos la asistencia y esperábamos la hora de salida, el acoso era diario” relata Marlynde Abarca.
Rompe en llanto cuando cuenta que con esta medida arbitraria que se hizo en su contra, la dejó sin ingresos para atender a su familia, siente pesar por esta injusticia que asegura, es por un tema político. “Esto es político, porque nosotros no seguimos al Psuv, ellos son usurpadores y nuestro verdadero alcalde es Alfredo Ramos” resalta.
Charlie Virgüez, exdirector de personal de la alcaldía y ahora asesor de asuntos laborales de los concejales, apuntó que los trabajadores que no se sujetan a lineamientos partidistas, son acosados para promover su salida.
“Esto no lo hizo Alfredo, cuando él llegó, asumió a más de 800 contratados en la administración pública e incluso les hizo renovación de su contrato sin problema alguno. La rescisión en materia laboral no aplica porque hay una inamovilidad laboral.
Virgüez explica que para que proceda una recisión de contrato o despido, se debe calificar la falta ante la Inspectoría del Trabajo y en este caso, no hubo argumentos ni ningún hecho que diera lugar a esa anulación.
Estos despidos masivos fueron denunciados ante la Inspectoría y procederán a realizar todas las acciones necesarias para revertir la medida y que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo.
Sueldo rezagado y bajos aguinaldos
Los trabajadores del Concejo Municipal todavía perciben un salario mínimo de 65 mil bolívares. Este miércoles desmintieron a la alcaldesa designada sobre el ajuste salarial y del beneficio de alimentación.
Con pancartas y a gritos se quejaban porque las quincenas no superan los 30 mil bolívares y reclaman el ajuste inmediato al salario mínimo anunciado en agosto por el presidente Nicolás Maduro.
De lo contrario, el cálculo de lo que recibirán de aguinaldos, será entre 350 y 400 mil bolívares.
“Qué vamos a comprar en diciembre con eso, cuando un kilo de azúcar está en 28 mil y un cartón de huevos en 36 mil. Nosotros también somos pueblo” se queja Jackeline Bracho.
Los afectados no se explican cómo la municipalidad prefirió gastar el dinero en ferias, cuando tienen tantas deudas pendientes con sus más de 5.000 trabajadores.
