El rey de España, Felipe VI, pidió el martes que el Estado defienda el orden constitucional de «la deslealtad» de los independentistas catalanes, en una jornada de protestas multitudinarias en Barcelona contra la respuesta policial al referéndum prohibido del domingo.
«Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones», dijo el monarca en un mensaje televisado al país, su primera reacción a los sucesos del domingo en Cataluña.
«Determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía», prosiguió.
«Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible», abundó el rey.
El gobierno español de Mariano Rajoy dispone de la potestad de intervenir y suspender el ejecutivo catalán de Carles Puigdemont y sus instituciones aplicando el artículo 155 de la Constitución. Una opción que el ejecutivo no ha descartado.
En una jornada de huelga general y manifestaciones, 700.000 personas protestaron en Barcelona -según cifras de la policía municipal- contra la violencia de las fuerzas del orden del Estado contra el referéndum de independencia del domingo, y que dejaron numerosos heridos -900 personas requirieron atención médica, según el gobierno catalán.
«Es una verdadera vergüenza (…) Un rey representa a un pueblo, a todos, no solo a una parte», dijo indignado Domingo Gutiérrez, de 61 años, tras ver el discurso de Felipe VI en un bar de Barcelona. «No ha dicho ni una palabra de los heridos. Imagino que para él no existen».
Gerard Mur, un periodista en paro de 25 años, reprochó que el rey «no se ha posicionado ni un poco del lado catalán». «No solo en ningún momento ha mencionado a las víctimas, sino que se ha enrocado mucho en el bloque constitucionalista», añadió.
Al grito de «¡Fuera las fuerzas de ocupación!», cientos de miles de personas se manifestaban este martes en Barcelona, en el marco de una huelga general para denunciar la violencia policial durante el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia, que agravó la crisis con el gobierno español.
Los transportes, los bancos, las instituciones oficiales del gobierno catalán y el pequeño comercio siguió el cierre patronal.
Entre los manifestantes, reinaba la sensación de que los acontecimientos del domingo han hecho inevitable la ruptura con España.
Europa no mediará de momento
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo catalán llevó a cabo el domingo una consulta sobre la independencia pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
En un intento de impedirlo, policías nacionales y guardias civiles recurrieron a porras, patadas, empujones y balines de goma contra manifestantes decididos a votar.
Pese a todo, 2,2 millones de personas lograron participar en la consulta sin garantías legales. Ante el boicot de los partidarios del ‘no’, un 90% votó a favor de la independencia.
La Unión Europea (UE) y Naciones Unidas pidieron al gobierno de Rajoy que dialogue con el ejecutivo independentista catalán, que amenaza con una declaración unilateral en los próximos días.
Los comisarios europeos abordaron la cuestión este martes, pero descartaron mediar, reiterando su posición de que «esto es un asunto interno de España».
Una huelga tensa
Durante la huelga de este martes no faltaron las escenas de tensión.
La Delegación del gobierno español en Cataluña, que denunció una «manipulación de las masas», tuvo que ser protegida ante centenares de manifestantes por innumerables furgones de policía, varias filas de vallas metálicas y un espeso cordón de agentes.
Las acciones de hostigamiento a los policías llegados de otros puntos de España fueron creciendo desde el domingo, y en la noche del lunes se organizaron varias manifestaciones frente a los hoteles donde se hospedaban y algunas comisarías.
«Estamos viendo cómo el gobierno de la Generalitat empuja cada día al pueblo catalán hacia el abismo y alienta la rebelión en las propias calles», afirmó en Madrid el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras reunirse con Rajoy.
El gobierno central «va a tomar todas las medidas que sean necesarias para frenar los actos de asedio», afirmó.
Al paro de este martes se sumó también el FC Barcelona: ni los equipos profesionales ni los juveniles (de todas las disciplinas) se entrenaron este martes.
Igualmente, muchos de los monumentos e instalaciones turísticas de Barcelona, como el templo de la Sagrada Familia del arquitecto modernista Antoni Gaudí, tampoco abrieron sus puertas.
Desde 2010, el independentismo gana terreno en Cataluña, alimentado por la crisis ecónomica y por la amputación del Estatuto de Autonomía de la región por el Tribunal Constitucional a instancias de un recurso del Partido Popular (PP, conservador) de Rajoy.
Sin embargo, los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según la última encuesta del gobierno catalán publicada en julio.