El buhonero no quiere cesar en sus funciones ¿y por qué? porque genera muchísimas ganancias sin ningún tipo de control. No paga impuestos, prestaciones sociales, aguinaldos, bono vacacional, no cotiza el Seguro Social.
¡Tenemos derecho al trabajo! Es la consigna a gritos en la que se anclan los llamados “informales” o buhoneros cuando en algún momento alguien con autoridad, tímidamente, asoma la idea de organizar la ciudad.
La pregunta que cabe hacer: ¿Realmente el buhonero es una persona de escasos recursos?
Al parecer, no. En primer lugar se practica el buhonerismo no por falta de trabajo, sino porque evaden emplearse en una actividad que les garantice estabilidad laboral. Ni se preocupan en buscarlo.
Esta actitud demuestra ciertamente que no tienen una necesidad extrema para subsistir, a diferencia de quienes están sujetos a un puesto de trabajo determinado o indeterminado, cumpliendo horarios y funciones específicas tras lo cual reciben como pago la retribución de un salario por ello, en el cual dignifican sus formas de vida en casa.
A estos últimos el sueldo no les alcanza para cubrir el presupuesto familiar, mucho menos para invertir en la compra de productos con miras a comercializarlos bajo la modalidad de buhoneros, con parte del dinero percibido por la actividad que realizan en sus puestos de trabajo.
Se añade al tema el sorprendente hecho de que son empleados y no los dueños quienes atienden los tarantines en diversos puntos de la geografía nacional, equivalente al más brutal capitalismo representado en ese explotador del hombre por el hombre, cuyas ganancias desmedidas, sin pago de impuestos e incumplimiento de leyes en materia laboral y de seguridad social, entre otros instrumentos jurídicos propios de los municipios en materia de ordenamiento urbano, demuestra en lo absoluto que son como se definen: pobres padres de familia.
Visto esta metodología de hacer dinero fácil y obtener ganancias sin mayores esfuerzos y desde la comodidad, se mantiene alejados de la economía social o tercer sector, término que el legislador lo incluyó en el artículo 184, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que se promoverá “la participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas”.
Este mismo artículo reconoce la economía popular al afirmar que “el Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa”.
Por lo tanto, no está contemplado en la Carta Magna la promoción ni el fomento de estas formas anárquicas al margen de la ley conocidas hasta hoy en el país como buhoneros.
Por consiguiente, cualquier apoyo proveniente de un alcalde, gobernador o cualquier representante de un ente público hacia los buhoneros no es más que un populismo político, generador de un bestial atraso y brutal anarquía para la población, justamente como se viene observando desde hace décadas.
Entonces, es oportuno precisar que el fomento de estas personas con sus estructuras maltrechas en las calles de la ciudad, tiene como principales responsables a las autoridades de los gobernantes de turno, sea de cualquier tendencia, que de una forma totalmente negligentes se colocan al margen de la legalidad, propiciando con su mal ejemplo o más bien impunidad más desorden.
Se trata de una manera tan bochornosa usada por los políticos, de congraciarse complacientemente con el sector informal para mantenerse en el poder a cambio de votos de estas personas, que en la mayoría de las ocasiones no cuentan con su apoyo, sacrificándole los espacios que por ley le corresponden a los ciudadanos para sus movimientos peatonales con total libertad y tranquilidad.
Buhoneros pagarían al Seniat
Cabe destacar que en el año 2005, hace 12 años, José Gregorio Vielma Mora, para ese entonces superintendente nacional aduanero y tributario (Seniat), actual gobernador del estado Táchira, había indicado que el organismo que presidía investigaría a fondo a los distribuidores de la mercancía que ofrecen los buhoneros.
Vielma Mora, en ese momento anunciaba la posibilidad de que el Seniat comenzara a cobrar impuestos a los comerciantes de la economía informal, pero apoyado mediante la promulgación de una ley especial para ello.
Un año después, en el 2006, Vielma Mora anunciaba la realización de una labor que denominó gran cruzada para poner orden a la economía informal del país.
Propuso el diseño de políticas públicas que permitieran organizar a los buhoneros e introducirlos al comercio formal.
Sostenía que la intención no era dañar, perjudicar o combatir a la buhonería, ni crear una ofensiva o una discrepancia coyuntural; sino buscar cómo se podía resolver este problema.
No obstante, reconoció que aún no se contaban con las herramientas necesarias para resolver el asunto, que estimó hacerlo por partes habida cuenta que el mercado pirata resultaba muy atractivo para los que en él trabajan.
Por su parte, Consecomercio estimaba para la época que el sector informal rondada el 50,3% en Venezuela, una cifra importante que estaba dejando de aportar impuestos a la nación, traducida en miles de millones de bolívares.
Cuando se habla de impuestos, es evidente que una alta proporción está quedando en poder la buhonería.
Y es que los que se dedican a la economía informal no pagan ningún impuesto ¿y por qué? sencillamente porque no hay voluntad política de hacerlos cumplir las leyes.
Ninguna normativa legal en materia de cobro de impuestos dejan exentos a los buhoneros de pagar impuestos, pero igual no se les obliga porque para muchos la economía informal la ejercen personas que no tienen mucha ganancia, cuando resulta inversamente lo contrario.
Sin embargo, de acuerdo a los diferentes impuestos, quien gana poco paga poco impuesto.
De tomas maneras, si es cierto que la buhonería no genera ingreso, entonces al hacer sus declaraciones de impuestos, les daría a pagar cero, ¿porqué no se les fiscaliza las obligaciones de declaraciones y pagos de impuestos?, se preguntan los expertos.
Ni lo uno, ni lo otro
La Asamblea Nacional para el año 2005, conformada mayoritariamente por diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela nunca trataron el tema de discutir, sancionar y promulgar desde el hemiciclo una ley especial para regular jurídicamente al sector informal.
Tampoco lo han hecho los actuales diputados de la Asamblea Nacional electos en el 2015, esta vez mayoritariamente de la oposición, representando en la Mesa de la Unidad Democrática.
De tal manera que no hay voluntad política para resolver este verdadero drama social que afecta a todos por igual.
Competencia desleal e injusta
Los comerciantes formales están entre la espada y la pared. Si no pagan impuestos al Seniat los sancionan o clausuran el negocio, y deben, además, coexistir con buhoneros que no cumplen con este deber tributario.
Por muy pequeño que sea un comerciante establecido formalmente está obligado a pagar impuestos, luz, agua, aseo urbano, teléfono, deberes laborales, seguridad social y el resto de los beneficios contemplados en la Ley del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
El asunto es que un buhonero, quien probablemente amase mucho más dinero que el pequeño comerciante le monta un negocio en la acera del frente y ejerce la misma actividad, pero sin pagar impuestos, sin cumplir con deberes laborales, sin pagar luz, ni agua ni teléfono. Es injusto.
Además, obstaculizan el libre tránsito de vehículos y peatones, convirtiendo en caos a la ciudad.
Autoridades al margen de la ley
Si existe una ley de comercio, que establece unas obligaciones, si hay que registrar el comercio ante el registro, ante el Seniat, ante el seguro social, ante la ley del trabajo, ante la alcaldía; si el deber es cumplir con todos unos pasos para ejercer el comercio, todo para que haya un mínimo de garantías y de controles de la actividad ¿bajo qué criterio de justicia se permite que otra persona se dedique al comercio violando todas las leyes existentes?
¿Acaso se está frente al derecho al trabajo de los pobres?
No cabe dudas que el pobre no tiene la posibilidad de montar una estructura metálica en la calle y llenarlo con una cantidad de mercancía valorada en miles de bolívares.
No se trata de pobres, sino de vivos que dicen serlo para mantenerse fuera de toda legalidad, mientras impere la impunidad para ellos.
