De acuerdo con un informe presentado por Transparencia Venezuela, varias empresas propiedad del Estado estarían involucradas en altos índices de corrupción.
“Desde el año 2001 hasta el 2017 el Estado paso a ser propietario de 526 empresas, que les permitió disponer de enormes sumas de dinero sin controles internos y externos”, afirmó Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela.
El estudio advierte que la consolidación de las Empresas Propiedad del Estado –EPE- fue precedida por los límites al derecho a la propiedad y libre empresa, la instauración del control de cambio y de precios, así como modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.
Todo ello sentó las bases para que se desatara la hegemonía del Gobierno en todos los sectores, a partir de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, re-estatizaciones, renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero o de creación de empresas.
Christi Rangel agregó que dichas empresas participan libremente en todos los sectores de la economía venezolana, en su mayoría con opacidad en la información pública.
Asimismo, señaló que de acuerdo a la investigación realizada, la cual se centró en ocho empresas del sector petrolero, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico, las empresas del Estado arrojaron en 2016 pérdidas totales de 1,29 billones de bolívares, cifra que superan el presupuesto de la nación en materia de salud, educación y vivienda.
Por su parte, la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, destacó que la estructura del Estado empresario “ha funcionado en un contexto de opacidad, débiles controles legales, ausencia de rendición de cuentas, cambios frecuentes en los órganos de adscripción y autoridades e impunidad, de tal manera que se puede afirmar que se preparó un arreglo institucional para la extracción de recursos por una elite, en términos de Acemoglu y Robinson (2012), y que explica el fracaso de los países”.
Los hallazgos de la investigación evidencian “la intención por parte del alto gobierno de procurar la captura del Estado, la apropiación de recursos públicos y el control político”, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, “elementos que son característicos de una cleptocracia”, sistema de gobierno en el que priva el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes de la nación. “Transparencia Internacional vincula este término con la gran corrupción y añade la impunidad como otro aspecto característico, que lamentablemente también está presente en Venezuela”, refiere el informe final.
La investigación confirmó opacidad en la información pública de las EPE. “Solo se conoce el nombre del presidente o máxima autoridad de 24% de ellas; la estructura accionaria de 21% y la composición y miembros de las Juntas Directivas de solo 6% de las 526 empresas, por ejemplo”.
El proyecto de investigación determinó que el dominio estatal, a través de las EPE en sectores como el de alimentos, cemento, banca y gestión de importaciones, “ha sido utilizado para la creación de mafias de distribución en mercados paralelos, incluso el contrabando; mientras que ha afectado severamente la productividad del empresariado privado y limitado las opciones de compra de los ciudadanos en general.”
Por último, Freitas mencionó que las empresas del Estado a las que pudieron investigar cuentan con 440 mil empleados. “El Gobierno nada más a través de estas instituciones tiene un control altísimo sobre los ciudadanos que representa un 6 por ciento de la población venezolana”, sentenció.
