La comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja aprobó el jueves un proyecto de ley que ordenaría al Departamento de Estado trabajar con organizaciones no gubernamentales para enviar alimentos, medicinas y asistencia técnica a Venezuela.
La propuesta legislativa será ahora remitida al pleno de la cámara para su votación, cuando lo determine el liderazgo republicano.
El proyecto de ley del congresista demócrata Eliot Engel daría al Departamento de Estado 90 días para definir un plan para distribuir la ayuda humanitaria.
El plan describiría cómo Washington logrará el apoyo de donantes internacionales y países en la región dispuestos a brindar ayuda técnica y financiera.
En el caso de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se oponga a distribuir la ayuda humanitaria, la propuesta de ley dispone que el presidente Donald Trump ordenaría a la embajada estadounidense en la ONU a buscar los votos para aprobar una resolución que ordene a Caracas recibir la ayuda y distribuirla.
Hasta el momento el gobierno de Maduro se ha negado a abrir un canal humanitario alegando que no es necesario, pese la aguda escasez de alimentos y medicinas que aqueja a los venezolanos.
El proyecto de ley también daría 180 días al Departamento de Estado para entregarle al Congreso un reporte sobre la vinculación de altos funcionarios gubernamentales venezolanos en actos de corrupción y narcotráfico.
Además ordenaría otro informe detallando la cooperación de las fuerzas armadas venezolanas con Rusia, China, Cuba e Irán.
Una versión similar del demócrata Ben Cardin solo cuenta con 13 patrocinadores desde su presentación en mayo en el Senado.
The Associated Press pidió una reacción a la embajada venezolana sin obtenerla de inmediato.
La comisión de la cámara baja adoptó el proyecto de ley cuatro días después de que Washington impusiera restricciones migratorias a funcionarios venezolanos.
En agosto, la Casa Blanca impuso fuertes sanciones financieras que incluyen la prohibición a los bancos estadounidenses de realizar nuevas transacciones con el gobierno y la corporación Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las operaciones con bonos y el pago de dividendos al gobierno por parte de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana.
