Recientemente, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones económicas a Venezuela y sanciones individuales a miembros del régimen y al propio Presidente Maduro. Este tipo de medidas es de vieja data, y principalmente se han aplicado a países del Medio Oriente, por ser esta una zona de conflicto permanente entre las potencias.
Sobre el tema de las sanciones, destacan dos países: Irán y Siria. En el caso del primero, ha sido objeto de sanciones desde 1979 cuando se produjo la revolución islámica y en 2011, cuando Estados Unidos y la Unión Europea, preocupados por el avance de su programa nuclear, aplicaron conjuntamente duras sanciones financieras y comerciales, que afectaron sus exportaciones petroleras, siendo Irán uno de los principales países productores de crudo.
Siria también merece especial atención. Las protestas ciudadanas originadas durante la primavera árabe en 2011 empujaron al país a una cruenta guerra civil que perdura hasta hoy y en las que las fuerzas de Bassar El Assad han masacrado sin piedad a la población civil. Las sanciones en este caso consistieron en un embargo petrolero, restricciones a inversiones, así como sanciones individuales a miembros del gobierno.
En los casos citados, empero, las sanciones han tenido efectos limitados. Irán dio su brazo a torcer cuando aceptó someterse la supervisión en su programa nuclear por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Siria, en cambio, se ha convertido en un drama sin fin que toca las puertas de Europa, principal destino de los refugiados que huyen de la violencia del país.
Human Right Watch y Amnistía Internacional han observado que las “sanciones inteligentes” aplicadas a personas y sectores muy específicos con el fin de provocar la restitución o establecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos sin afectar a la población no han tenido el impacto esperado. Ambas organizaciones sostienen que sólo en Suráfrica las sanciones impuestas a fines de los años 80 fueron efectivas para la apertura de un proceso de negociación y fin del apartheid racial.
En Venezuela, los efectos de las sanciones impuestas por EEUU a Venezuela (con la amenaza de Europa de sumarse) probablemente no serán muy diferentes a las que otros países donde se han aplicado, pero desde el punto de vista político sí pueden ejercer presión sobre el gobierno para iniciar una negociación.
El pasado agosto, el presidente francés Enmanuel Macron expresó ante los embajadores acreditados en su país los lineamientos de su política exterior para el quinquenio, destacando la especial atención que su gobierno prestará a Venezuela.
Unas semanas después, el canciller galo Jean Ives Le Drien desveló que delegaciones del gobierno y la oposición venezolanas se reunirían en República Dominicana con el propósito de explorar la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de negociación. En este sentido, Le Drien anunció que Francia y la Unión Europea jugarían un rol activo en la búsqueda de una solución a la crisis política de nuestro país.
El país fue sorprendido por las declaraciones del jefe de la diplomacia francesa, y de nuevo la MUD cometió el error de no informar claramente al país lo que estaba ocurriendo. A pesar de ese traspié inicial, el escenario parece más claro y favorable para el país, y por primera vez tanto la comunidad internacional como la MUD no están hablando de diálogo sino de negociación como debió ser desde el principio.
Por otro lado, el primer acuerdo logrado en torno a la conformación de un grupo de países amigos de diferencias tendencias ideológicas constituye un gran avance en este sentido.
Más allá de las declaraciones estridentes por parte de los voceros oficiales, el sólo hecho de haber retomado las conversaciones a instancias de la diplomacia europea y ante la nada velada amenaza de sanciones a funcionarios del gobierno por la parte de la UE, coloca al gobierno en una posición muy complicada, y totalmente distinta a la de octubre pasado, cuando el régimen consiguió un bocanada de oxígeno convocando a un diálogo, sin estar dispuesto a llegar a un acuerdo beneficioso para el país.
Justamente, la experiencia de este lamentable episodio requiere que la MUD exija al gobierno un compromiso mayor y una prueba fehaciente de querer negociar. Si esto no ocurre será muy difícil avanzar y en el corto plazo se impondrán nuevas y más duras sanciones al país, que sin duda van a afectar a la ya exangüe economía venezolana.
Esta vez la ventaja ha pasado al lado opositor y la mesa está servida para lograr un acuerdo ventajoso no para la MUD, sino para todos los venezolanos, que pasa por admitir que no es posible obtener todas las exigencias de la alianza unitaria, pero sí se puede luchar por dos fundamentales: la apertura del canal humanitario y la realización de elecciones presidenciales libres y con observación internacional en 2018.
No cabe duda que en el caso venezolano será la diplomacia y no las sanciones las que allanen el camino para una solución pacífica, constitucional y duradera al conflicto político.
