“Cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el grupo de cancilleres Lima y los ex jefes de Estado de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) muestran preocupación por la situación venezolana, no están, de ningún modo, cometiendo un acto de injerencia sobre el país. Porque democracia es plenitud de los Derechos Humanos, incluyendo los políticos de la población”.
El Dr. Simón Saavedra Hernández, abogado constitucionalista, al referirse al caso señaló que fundamentalmente Venezuela tiene un compromiso muy serio de respetar los Derechos Humanos porque es firmante del Estatuto de Roma y además fue por iniciativa, entre otros, de Hugo Chávez de la implantación de la Carta Democrática Interamericana que obliga a todos los países de la OEA a mantener gobiernos democráticos en el continente.
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dio a conocer el informe sobre nuestro país y determinó la existencia de la represión de la disidencia política y de intimidación a la población para frenar las manifestaciones.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha señalado que la escalada violación de los Derechos Humanos y el ataque sistemático contra la población civil se ha materializado en asesinatos, encarcelación y torturas. Aún más llegó a afirmar que ante los ojos de la comunidad internacional estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad.
Se está desarrollando una serie de audiencias para la comprobación de esa situación en Washington bajo la dirección del Dr. Luis Moreno Ocampo, quien fuera fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, profesional que tuvo a cargo de la justicia sobre las juntas militares de Argentina y en otros casos relevantes como la acusación de crímenes de lesa humanidad perpetrados por Muamar el Gadafi en Libia.
De modo, pues, que el régimen venezolano, hoy se encuentra enfocado por los ojos de la comunidad internacional, ya que la crisis económica y social se mantiene inalterable y con visos de agravarse mucho más por una inflación indetenible, la escasez de alimentos y del 85 por ciento de las medicinas que necesita la gente.
Un estudiante me preguntaba el motivo por el cual los jueces declaraban sin lugar los amparos solicitados por abogados de personas que han sido encarceladas por razones políticas.
Y yo le respondía que legalmente, no tenía sentido. Pero, el motivo era político. Fidel Castro le aseguró a una periodista de Venezolana de Televisión cuando esta le preguntó la diferencia entre socialismo del siglo 21 y comunismo, que no la había. Claramente, lo que Chávez llamó socialismo del siglo 21 es comunismo puro. Y, en consecuencia, la línea que han tenido los jueces en el asunto de los amparos indica que hay una colisión entre el interés personal protegido por la Constitución venezolana y el colectivo del Gobierno, que es prioritario sobre aquel.
Es por eso que de nada ha valido lo establecido en el artículo 26 de la Constitución para obtener una decisión que frene el atropello y sea conforme en lo alegado y probado.
Tampoco se ha tomado en cuenta el artículo constitucional 138, según el cual toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
La inobservancia de la Constitución y las leyes de la República en nombre de un interés del Estado comporta la vulnerabilidad del Estado de Derecho.
En los regímenes comunistas ha habido una imposición ilegítima y arbitraria que desvía la dignidad del ser humano y las conquistas alcanzadas a raíz de la Revolución Francesa, extendidas y ampliadas por los acuerdos y pactos de las Naciones Unidas.
Es de señalar que a partir de la creación de la Organización de Naciones Unidas, esos pactos y convenios dieron lugar posteriormente al funcionamiento del Tribunal Civil Internacional y al Tribunal Penal Internacional.
Es así como se ha previsto las sanciones a los funcionarios que han aplicado políticas que conllevan a la violación de los Derechos Humanos. Nadie queda exento de castigo en el caso de alegar que ha recibido instrucciones de sus superiores. Y estos, por supuesto, no tienen nada que alegar porque son los que giran las instrucciones, como aquella de lanzarle “gas del bueno”, el más terrible, a los estudiantes y manifestantes.
Lo que está ocurriendo actualmente en el seno de la OEA, como bien lo dijo el Dr. Moreno Ocampo, es una revolución, porque por primera vez en la historia de esta organización se está llevando a cabo una análisis, estudio y debate con todas las partes sobre la situación venezolana.
Conviene destacar que Almagro designó a tres eminentes juristas para examinar la situación venezolana: Manuel Ventura Robles (costarricense), ex juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; e Irwin Cotler, ex ministro de Justicia y ex fiscal general de Canadá, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wallenberg. Este equipo de alta talla jurídica nos evidencia que hay un interés profundo por determinar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Y los larenses debemos estar muy pendientes porque Lara ha sido uno de los estados donde en los cuatro meses de protestas hubo mayor número de muertes, las cuales no pueden quedar impunes.
