La pretendida manipulación del gobierno para que le sea reconocida la Constituyente convocada por Nicolás Maduro, al margen de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y rechazada por la mayoría de los venezolanos y de los países democráticos del mundo, torna imposible cualquier intento de diálogo o negociación, como el promovido por el Presidente Medina de la Republicana dominicana y apoyado por varios países de la Comunidad Europea y del Continente Americano.
En un artículo anterior escribimos: Desde que Nicolás Maduro asumió el poder por voluntad de Hugo Chávez moribundo, el gobierno profundizó la violación de los Derechos Humanos, y le puso un cerrojo a todos los presos políticos, dejando claramente sentado que en Venezuela el diálogo entre el alto gobierno y la oposición, se hace imposible, porque existe un régimen autoritario, que concentra todos los Poderes Públicos en el Ejecutivo, con la excepción de la Asamblea Nacional después del 6 de diciembre del 2015, y considera que sus políticas, a pesar de la crisis económica, social y política que han generado, pueden y deben ser impuestas mediante la manipulación de las leyes y de ser necesario apelando a la violencia.
El autoritarismo de Nicolás Maduro le ha dado un giro a la política oficial, a tales extremos que no sólo no se reúne con la oposición política, a cuyos dirigentes considera enemigos de su revolución, sino que también rompió todo diálogo con el mundo económico y social independiente, y se ha limitado a dirigirse a los suyos para exigir obediencia a sus políticas desastrosas.
En política, e incluso en guerra en cualquiera de sus modalidades: convencional o irregular, el diálogo siempre ha estado presente en momentos de las más graves crisis sociales o políticas que enfrentan a sectores con diferentes formas de pensar, con claros y mutuos intereses para buscar la solución que satisfaga a ambos contendores. Ejemplos sobran en el mundo, cuando los negociantes actúan de buena fe y dispuestos a salvar obstáculos para alcanzar la convivencia pacífica.
No es el caso de lo que estamos presenciando en nuestro país en los actuales momentos, cuando el gobierno, después que incumplió con los acuerdos de noviembre del 2016, aprobados por los representantes del oficialismo y la oposición, con el auspicio de Unasur y el Vaticano, de liberar a los presos políticos, reconocer la independencia de los Poderes Públicos, abrir un canal humanitario para recibir ayuda de países amigos y aprobar un cronograma electoral confiable, aumentó la represión y hoy hay más 600 presos políticos, desconoce la Constitución Nacional vigente, al aprobar ilegalmente una Constituyente con la que trata de liquidar lo poco que queda de libertades públicas, y el hambre hace estragos en el estómago de millones de venezolanos que mueren por desnutrición o de mengua por falta de medicinas en los hospitales del país, y apenas convocó a elección de gobernadores y no a los Consejos Legislativos, a los que les prorroga el mandato para torpedear a los gobernadores.
Es obvio que tienen razón los principales dirigentes de la oposición que han respondido a las mentiras de algunos gobernantes, y afirman que no puede haber diálogo o negociación, mientras el gobierno no cumpla con los acuerdos aprobados el año pasado, como se los recordó el Cardenal Parolini, representante del Vaticano, en carta pública dirigida a Nicolás Maduro.
