Por mantenerlo detenido injustamente y negarle la atención médica oportuna, el partido Primero Justicia (PJ) responsabiliza al Gobierno de Nicolás Maduro del caso del concejal Carlos Andrés García, quien falleció este domingo tras sufrir un accidente cerebro vascular.
El secretario general de la tolda y diputado al Parlamento, Tomás Guanipa, recordó que tras la detención de García en diciembre de 2016, se pidió la atención a su cuadro de salud, producto de un cuadro hipertensivo y depresivo severo, sin embargo, fue “abandonado a la suerte de su cuerpo y de su espíritu”.
“Él nunca debió estar preso y nunca debió haber muerto en las manos de un gobierno represivo que hoy más que nunca se mancha las manos de sangre, porque prefiere atacar, perseguir y contar vidas humanas que se pierden, que contar los votos necesarios para que el pueblo pueda elegir su futuro”, dijo.
Luego de 12 días en estado crítico, el concejal fue trasladado a un hospital de San Cristóbal, sin embargo, no había los equipos médicos requeridos para garantizar su pronta recuperación, por lo que dos días antes de fallecer se ordenó una medida sustitutiva de casa por cárcel la cual no se cumplió porque no hubo voluntad para trasladarlo desde Táchira hasta Apure, específicamente a Guasdualito, donde residía.
“Esa medida fue como para decir ´ya que va a perder la vida, que la pierda en su casa´”, agregó Guanipa al tiempo que alertó que el diputado Gilber Caro también se encuentra en situación grave de salud, tras iniciar una huelga de hambre y cocer sus labios.
De igual forma, dio a conocer que cinco países se han comunicado con PJ para expresar la necesidad de constatar la situación por medio de delegaciones y de acompañar solidariamente a la familia del concejal García, que fue detenido por supuestamente tener en su poder una alta suma de dinero en billetes de 100.
El parlamentario no descartó acudir al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la ONU y a la Organización Mundial de la Salud, a fin de denunciar al Gobierno venezolano y dejar constancia sobre el grado de deterioro en el que está el sistema de salud y justicia en Venezuela.
