Víctimas y activistas denunciaron este jueves ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la “tortura sistemática” del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, a los detenidos por motivos políticos, en la primera audiencia sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Estoy aquí para que se haga justicia, porque sé que nada va a devolverle la vida, y para que su nombre quede limpio como ese gran ser humano que fue”, se presentó la venezolana Johanna Aguirre, que perdió a su marido, José Alejandro Márquez, hace tres años.
Márquez, ingeniero, participaba en una protesta antigubernamental cuando un agente le pidió que le entregara el celular con el que estaba grabando la actuación policial. Él se negó y en su huida corriendo se cayó y se golpeó la cabeza, tras lo cual le detuvieron.
Su testimonio fue el más emotivo de los cuatro que se presentaron hoy ante el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El abogado argentino, que no cobra por este trabajo, estará a cargo de todas las sesiones y será, por tanto, quien, como hoy, modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes.
“La presencia de las víctimas es fundamental. Detrás de cada cifra, de cada caso citado, hay una tragedia humana, una vida, una familia con cicatrices profundas que no se borran”, defendió en su exposición Francisco Márquez, activista del partido opositor Voluntad Popular, ahora en el exilio tras cuatro meses encarcelado.
En una intervención más técnica, el coordinador internacional de la ONG venezolana Foro Penal, Julio Henríquez, explicó cómo contabilizan el número de presos políticos -676 según su último balance-, una lista que avala la Secretaría General de la OEA.
“Hay tres grupos, los que quieren sacar de la política; el más amplio, el de quienes buscan ejercer sus derechos civiles y políticos, y un tercero, para justificar la narrativa y propaganda política”, explicó.
Preguntado por Ocampo acerca de quiénes son los autores de las torturas que denuncia en esas detenciones, Henríquez aseguró que “son víctimas directas de cuerpos de seguridad del Estado o de civiles armados” que se han “confabulado” con ellos o el Gobierno.
Mañana habrá una segunda audiencia con militares exiliados, a la que, como hoy, no acudirá Almagro por estar de viaje de trabajo en México.
Si concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
