Venezuela pidió este martes que la Organización de los Estados Americanos (OEA) sea deslindada de las audiencias programadas para esta semana en su sede sobre eventuales crímenes de lesa humanidad en ese país, denunciando que la institución «carece de mandato».
Esas audiencias son una iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y serán conducidas por el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y a quien en julio había nombrado asesor especial para crímenes de lesa humanidad.
El objetivo es reunir información sobre la eventual comisión de delitos de lesa humanidad durante la represión a las protestas en Venezuela (que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio), para analizar si el caso amerita que sea elevado a la CPI, con sede en La Haya.
«Exigimos que se retire el nombre de la OEA de esta actividad y no se utilicen los espacios y el personal para atacar a un Estado miembro utilizando fondos ocultos y externos», expresó la representante alterna de Venezuela, Marlene Da Silva, durante una sesión del Consejo Permanente de la entidad.
La iniciativa de contratar a Moreno Ocampo y realizar esas audiencias, dijo la representante diplomática, «carece de mandato de los estados miembros de la OEA, porque además esta organización no tiene competencias para actuar como tribunal internacional».
De acuerdo con Da Silva, «no se puede utilizar a la organización para una actividad que no representa la voluntad de los estados miembros».
La representación de Venezuela también exigió «formalmente que sea informado al Consejo Permanente (…) el monto correspondiente al financiamiento de esta actividad».
El lunes, la Secretaria General de la OEA informó que estaban previstas dos audiencias públicas, una a realizarse el jueves con representantes de la sociedad civil venezolana, y otra el viernes con miembros de las Fuerzas Armadas de ese país.
La OEA en su conjunto no ha logrado alcanzar una posición unitaria sobre la situación en Venezuela, a pesar de que 13 países miembros del organismo emitieron a fines de julio una declaración exhortando al gobierno venezolano a abandonar la idea de la Asamblea Constituyente.
Esa Constituyente, desconocida por la oposición y por varios países, rige con plenos poderes en Venezuela desde el 4 de agosto y fue impulsada por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para solucionar la severa crisis política y económica en el país.
Maduro anunció en abril el retiro de su país de la OEA, un proceso que tomará dos años.
