El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Venezuela, estimando que se puede tratar de «crímenes contra la humanidad».
«Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad (…) Exhorto al Consejo (de Derechos Humanos de la ONU) a lanzar una investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela», afirmó Zeid Ra’ad Al Hussein, en la apertura, en Ginebra, de la 36ª sesión de esta institución.
«El mes pasado, mi oficina divulgó un informe sobre Venezuela, subrayando el excesivo uso de la fuerza por parte de oficiales de seguridad, así como otras múltiples violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales», agregó Zeid Ra’ad Al Hussein.
Según el Alto Comisionado, existe un «real peligro» de que haya una «escalada de tensiones» y acciones del gobierno venezolano «contra instituciones democráticas y voces críticas», mediante «procedimientos judiciales contra líderes de la oposición, el recurso a detenciones arbitrarias, el excesivo uso de la fuerza y malos tratos a los detenidos,» lo que «en algunos casos se asemeja a la tortura».
Venezuela está sumida en una grave crisis política, económica e institucional. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes antigubernamentales han dejado 125 muertos, entre abril y julio.
Zeid subrayó asimismo que Venezuela es actualmente uno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y tiene por tanto el deber de defender y promover los derechos humanos.
En el informe publicado el mes pasado, el Alto Comisionado había asegurado que existe en Venezuela «una erosión de la vida democrática», que «apenas sigue viva, si es que todavía está viva».
Las autoridades venezolanas habían rehusado la entrada al país de los investigadores de la ONU, por lo que Zeid encargó a un equipo de especialistas de derechos humanos que entrevistara a distancia a 135 víctimas y a sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros de la oficina de la fiscalía general.
