La CIDH resaltó que durante los últimos meses el parlamentario ha sido víctima de persecuciones y hostigamientos en su contra, poniendo en peligro su derecho a la vida y a la integridad personal.
El diputado se desempeña además como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento del Mercado Común del Sur. Sin embargo, tras la anulación arbitraria de su pasaporte ha tenido que buscar medios alternativos para salir del país, a consecuencia de actitudes estatales desprovistas de justificaciones, tales como persecuciones en la frontera colombo-venezolana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado venezolano adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de Dávila, siendo indispensable además que tenga mecanismos de protección que aseguren el libre ejercicio de funciones parlamentarias que son inherentes al cargo de diputado por el que fue electo en diciembre de 2015.
La CIDH destacó en la resolución 35/2017 su preocupación por el actual contexto sociopolítico que impera en Venezuela, donde son criminalizados los dirigentes políticos por adversar al Gobierno, lo cual se ha visto seriamente acentuado tras la instalación de la asamblea nacional constituyente.
En lo que va de año la Comisión ha otorgado medidas a varios dirigentes de la oposición, tales como Henrique Capriles Radonski, Julio Borges, Luis Florido, Tomas Guanipa, Luis Ortega Díaz y una cantidad considerable de líderes regionales del partido político Voluntad Popular.
