¿Por qué el transporte cuya función es prestar un servicio organizado al usuario, en lugar de armonizar la ciudad la anarquiza?
Las respuestas pudieran ser por falta de educación vial, irrespeto a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre o negligencia de las autoridades en poner orden aplicando este instrumento jurídico que abarca derechos, deberes y fuertes sanciones a quienes la incumplen.
Estos tres elementos juntos o separados dan paso a la perturbación diaria en la cotidianidad de las calles de Barquisimeto y principales centros poblados del estado Lara, convirtiendo en infernales los espacios urbanos que lejos de proporcionarles un disfrute a los ciudadanos que toman la calle para despejar sus mentes o interrelacionarse con otras personas terminan estresándolos más.
Las consecuencias: busetas atravesadas dejando a pasajeros en medio de la vía, abusivos toques de cornetas de aire de estas unidades que rompen el bullicio soportable de audición normal, nubes negras de humo de los escapes por falta de reemplazo de filtros, competencia de busetas a altas velocidades en pleno centro por obtener un pasajero adicional no importa vaya parado en la unidad, irrespeto del conductor al pasajero cuando le sugiere mejore alguna condición del servicio.
En definitiva, son muchas las aristas sobre la mesa y los involucrados en el tema del transporte de pasajeros que deben intervenir en la búsqueda de soluciones para optimizarlo. Pero no se puede olvidar una capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea en torno a este asunto: voluntad, y eso también pareciera estar escaso como todo en el país.
Como la vida en una nación, caso Venezuela, está regulada por una Constitución, texto macro que recoge toda una directriz de justicia sobre la forma de comportamiento de las personas en función de sus relaciones en la sociedad, mediante una normativa supeditada a ella creada y sancionada para diversas materias, en el ámbito del transporte público la Carta Magna local le otorga competencia a los municipios respecto a que tienen el deber de la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios en el que forma parte la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano, suburbano, interurbano, periférico y metropolitano de pasajeros y pasajeras, así como el mantenimiento de la vialidad.
Al analizar los anteriores preceptos constitucionales se observa que en Lara se incumple con la ordenación del tránsito de vehículos con la existencia ilegal de diversos puntos improvisados de “piratas” anarquizando la ciudad, sin ninguna permisología para su funcionamiento como líneas, la cual le está atribuida otorgarla únicamente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.
En este sentido, las propias autoridades violan esta ley que les ordena en su artículo 7 controlar y hacer cumplir la regulación del tránsito y transporte terrestre. Esas autoridades como órganos de ejecución son el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre, las policías estadales de circulación, las policías municipales de circulación y otras autoridades competentes, de conformidad con la ley.
Existe un principio del servicio de transporte terrestre contemplado en el artículo 12 de la citada ley, cuyos legisladores lo establecieron pensado en el bienestar del usuario. Determina que el servicio se ajustará a los principios de comodidad, calidad, eficiencia y seguridad para el usuario, todo fuera de la realidad actual con busetas atracadas a diario, incomodidad de hacinamiento, retardos en la frecuencia de las rutas, mala calidad de atención y altos niveles de música cuando el conductor está obligado a no provocar ruidos contaminantes y a mantener el vehículo en perfecto control de emisiones de gases.
Otra competencia del instituto es hacer seguimiento al comportamiento de las tarifas del transporte público de pasajeros, y no permitir que conductores tomen decisiones unilaterales de incrementar el pasaje; promover la educación y seguridad vial, en coordinación con los órganos competentes y velar por el correcto funcionamiento en la prestación del servicio de trasporte terrestre.
En cuanto a los aumentos inconsultos, el artículo 77 de la ley establece que “corresponde a la autoridad administrativa competente establecer, en el primer trimestre de cada año, el régimen tarifario del transporte público de pasajeros, en el que se garantizará la participación de los sectores involucrados”.
A la fecha, 300 bolívares cobran ilegalmente los transportistas, pese a que el pasaje fue fijado a 180 bolívares, según Gaceta Oficial número 6.297, resolución 026, del Ministerio de Transporte, el 8 de mayo del 2017.
Sobre este desafuero, la ley dictamina sanciones con multas entre cinco (5) a diez (10) unidades tributarias, para quienes incurran en el cobro de tarifas de transporte público de pasajeros que superen las establecidas por la autoridad competente.
Quizás no haya temor en los conductores de subir las tarifas sin autorización, porque de acuerdo al monto sancionatorio es de apenas 1.770 bolívares, el cual les resulta pagar fácilmente al fisco nacional.
De la ley a la realidad venezolana
Ceñirse a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre es el deber de todo venezolano. No obstante, en la Venezuela actual, sumida en una profunda crisis económica, mantener una unidad en perfecto estado de funcionamiento quedó en el pasado.
Un neumático para una buseta supera el millón de bolívares en el mercado, multiplicado por los seis que usa es una hazaña comprarlos, sin sumar los filtros de aire y gasolina, los constantes cambios de aceite y la compra de batería que también requiere la unidad.
Un chofer en promedio debe dejar diariamente en casa treinta mil bolívares para gastos de comida para una familia pequeña conformada por la madre y dos hijos.
Si se toma como referencia el cálculo de 180 bolívares de pasaje, debe montar 167 pasajeros en una buseta de 32 puestos y llenar la capacidad de este vehículo cinco veces al día para poder obtener esos 30 mil bolívares que deja a su familia para el alimento necesario.
Los huecos de las calles, los agrietamientos que presenta la capa de rodamiento y los botes de agua por falta de mantenimiento preventivo por parte de la municipalidad, acelera el deterioro de los cauchos de las busetas y desajuste el tren delantero, otro aspecto a considerar.
La inseguridad cada vez más acentuada y menos presencia policial en la calle, obliga al transportista a restringir las horas nocturnas de prestación del servicio y con ello la merma de sus recursos.
Actualmente se incorpora el problema de la falta de dinero en efectivo y la disminución en la cantidad de usuarios usando este medio de transporte, lo que repercute negativamente en la economía de este sistema.
Ante este planteamiento, lo prioritario es que todos los involucrados encuentren puntos claves de consenso para mejorar lo que hasta ahora se tiene de transporte público de pasajeros, porque se hace cuesta arriba innovar en un transporte moderno tales como el tren de bala, metro y tren de alta velocidad de los que se podría hablar detalladamente en un nuevo trabajo.
