Para el coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre Venezuela, refleja, “sin lugar a dudas, los testimonios de las víctimas de las detenciones arbitrarias y la represión desmedida y sin límites por parte del Plan Zamora y que dejara el lamentable saldo de 137 fallecidos durante más de 120 días de protestas en Venezuela”.
Explicó que hay pleno conocimiento por parte de esta instancia de Naciones Unidas sobre la situación de violencia, persecución y opresión como métodos de hacer política en Venezuela, donde, como agravante, casi la totalidad de los juicios se encuentran aún en manos de la justicia militar. “Ningún civil puede ser investigado y juzgado por la justicia militar tal como viene ocurriendo y que contraviene los conceptos básicos del derecho”.
Ante los descalificativos que recibiera el informe por parte de Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante la ONU Ginebra, Narváez lo invitó a venir el país y recorrer las sedes de reclusión de los miles de presos políticos para constatar de esta manera los elementos señalados en el informe de la ONU. “”Reto al doctor Valero para que venga al Sebin de Plaza Venezuela y conozca La Tumba. Luego al Helicoide donde existe un hacinamiento del 200% y por último al Dorado, donde existen 7 detenidos con paludismo sin que se pueda hacer nada al respecto”.
El jurista aseguró que el país se encuentra en un momento “muy difícil y muy oscuro en materia de Derechos Humanos” por lo que hizo el llamado a todos aquellos comités de víctimas que se han conformado en el país así como familiares y víctimas a sumarse al Comité de víctimas de la represión y el Comité de víctimas del Plan Zamora. “Solo unidos es la única forma de hacerle frente a las instituciones del país sesgadas y que no le dan a las personas tener la posibilidad de juicios justos y el debido proceso”.
Deploró que la actual Defensoría del Pueblo tampoco haya asumido las funciones de visitar los centros penitenciarios y poder constatar el estado de los presos políticos. “Esto es sumamente grave porque no hay donde acudir en la búsqueda del cumplimiento del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en la Carta Magna bajo la responsabilidad del Estado venezolano”.
