La decisión de algunos dirigentes del PSUV y miembros de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, de enjuiciar a varios parlamentarios electos por una considerable mayoría de venezolanos, constituye no sólo una violación flagrante a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también un delito de persecución política, por el hecho de pensar distinto y luchar por el restablecimiento del orden constitucional roto por la acción abusiva del poder por parte de una minoría atornillada en el gobierno, mediante la fuerza militar, judicial y policial bajo su control absoluto.
Se viola la Constitución Nacional, porque esta establece que la inmunidad parlamentaria sólo puede ser levantada a un diputado, por la Asamblea Nacional a la cual pertenece, y por el desconocimiento de varios artículos de la Carta Magna señalado por especialistas en Derecho Constitucional, que han expresado sus opiniones tanto a escala nacional como internacional. En este caso el que delinque es quien controla otros Poderes Públicos y trata de utilizarlos para consumar una arbitrariedad, un atropello, colocándose al margen de la Ley.
La cúpula cívico militar que gobierna se sabe minoría y muy comprometida con la violación de Derechos Humanos, hechos de corrupción y otros delitos de lesa humanidad, según acusaciones que han presentado diversas autoridades en tribunales internacionales, muchos de los cuales no prescriben. De allí una de las razones por las que han impedido la realización de varias elecciones, como el Revocatorio del mandato del Presidente y las regionales cuando correspondía su realización en diciembre de 2016. No sólo violan la Constitución Nacional sino también casi todo el Ordenamiento Jurídico del país, lo que los ha convertido en un gobierno sin ley.
De la violación a las leyes de la República han pasado a la represión contra los opositores que reclaman el respeto a la Constitución Nacional y a la legalidad en general, que se establezca un cronograma electoral, se liberen los presos políticos y se abra un canal humanitario internacional, para recibir la ayuda de varios organismos mundiales creados para esos fines.
El gobierno y ahora la Asamblea Constituyente de Maduro, actúan contra toda lógica política e incluso elemental, y aspiran a que se les crea; llaman a la paz entre los venezolanos y promueven la violencia militar, policial y paramilitar contra la disidencia. Familiares del General Isaías Baduel y del Capitán Caguaripano, reclaman la fe de vida de quienes consideran desaparecidos en poder del régimen, que además de violar la ley, actúa con crueldad contra esposa e hijos de ambos.
El Presidente de la República llama al diálogo, mientras sus representantes en su Constituyente llaman al Fiscal General de la República impuesto por dicha constituyente y al Tribunal Supremo de Justicia a que lleven a prisión varios diputados, a quienes acusan de traidores a la Patria, sin presentar prueba alguna. Y como todo lo tergiversan para ponerlo a su favor, llaman traición a la Patria la opinión de algunos diputados que rechazan toda invasión extranjera, pero están de acuerdo con que se castigue a todo funcionario “saqueador del Tesoro Público” y cometa otros delitos de lesa humanidad.
Finalmente, si el gobierno no modifica sus políticas que han conducido a este despótico panorama, la presencia de Rodríguez Zapatero y otros ex presidentes, que pretenden reanudar el diálogo y la búsqueda de una salida negociada a la crisis nacional, resultaría totalmente inútil por improcedente.
