Este ha sido el peor año para los medios y comunicadores sociales en Venezuela, según el análisis hecho por la organización Espacio Público, cuyo director ejecutivo, Carlos Correa, al ser entrevistado por EL IMPULSO se refirió también al proyecto de ley constitucional contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica, presentado por el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente.
De enero a julio se registraron 576 casos de agresiones, que acumularon 800 denuncias por parte de 680 víctimas. En ese mismo lapso 114 reporteros gráficos y camarógrafos se vieron afectados en sus labores y a muchos de ellos les robaron sus equipos. 52 periodistas fueron detenidos cuando cubrían informaciones y de ellos 2, de Voluntad Popular en el Zulia, todavía no han podido recobrar su libertad.
En el mismo período 49 emisoras de radio y televisión han sido perjudicadas por las decisiones tomadas por las autoridades.
De las cableras han sido sacadas 6 televisoras- Y las dos últimas emisoras radiales a las que se les retiraron las concesiones han tenido mayor visibilidad ante la opinión pública porque la decisión fue tomada precisamente cuando la Constituyente está tratando el asunto de la ley constitucional contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica, que contempla severas penas de cárcel.
El tema de las informaciones en las redes es preocupante, sobre todo en Facebook, porque la amenaza se hace en general al uso de ese medio. En cuanto al argumento de que ya existe una ley sobre las redes en Alemania, es preocupante que se trate de imponer tal criterio en Venezuela. Allá el odio es un problema histórico, que tiene que ver con el nazismo cuando hubo mucho sufrimiento. Es una mala práctica la de estar comparando leyes de países, porque la que se hace aquí puede ser más radical, comentó. Se basan en que si ellos lo hacen, lo podemos hacer nosotros.
Pero, hay que tener bien claro que una asamblea constituyente no está facultada para hacer leyes y mucho menos esta que se ha instalado en Caracas, porque en la misma no hay debate, ya que sus integrantes simplemente son notarios de los proyectos que se les presentan.
La versión que he conocido es genérica, no descripltiva, manifestó Correa. Contempla sanciones brutales que van de 10 a 15 años. Ahora bien, ¿quién las va a aplicar?
A mi juicio, dijo, lo que quieren hacer ya lo están haciendo; pero lo que buscan es ampliar más las sanciones, hacerlas más duras, para que la gente deje de expresarse.
Pienso que esas medidas son inviables. ¿Cuántas personas van a detener por expresar una grosería? Decir grosería no es un delito. No todas las ofensas constituyen delito. No basta con amenazar si no se hace algo.
Para considerar los delitos en torno al odio se va a establecer una comisión, como ocurre con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte), que contempla sanciones sobre sexo y violencia. Pero, los sancionados son los medios críticos. Jamás, los medios oficiales.
