Después de la experiencia mundial en torno a las atrocidades que el fascismo y el comunismo cometieron contra los Derechos Humanos, las naciones democráticas han creado organismos supranacionales, para atender las denuncias de familiares de hombres y mujeres encarcelados, torturados y hasta asesinados, por pensar distinto a los altos mandos civiles y militares que se han impuesto por la fuerza y la violación del ordenamiento jurídico, y consolidarse en el poder, para beneficio personal, contra la voluntad de las mayorías de los pueblos que aspiran vivir en libertad.
Y aunque se les ha acusado de ineficiencia para enfrentar la barbarie de algunos regímenes tiránicos, en los últimos años se ha producido una reacción valiente y decidida de algunos gobernantes democráticos e importantes funcionarios, como es el caso del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que ha emprendido una sólida campaña y una gran movilización en defensa del orden constitucional en nuestro país.
La persecución contra miles de venezolanos dentro y fuera del país, ha sido condenada tanto por los demócratas nacionales como internacionales, y sus familiares o representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos realizan acusaciones en tribunales mundiales, porque no han encontrado tribunales independientes en nuestro territorio, que sean capaces de cumplir con lo dispuesto en la Constitución Nacional y demás leyes de la República.
La repercusión mundial que ha tenido la lucha de los venezolanos por la recuperación del Orden Constitucional, ha contribuido a crear una extraordinaria solidaridad con los presos políticos, los perseguidos y el país democrático en general. De allí que de la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledezma se haya avanzado a todos los venezolanos, sin distingo, de ideologías, como es el caso de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificada por la Asamblea Nacional, y el diputado Germán Ferrer a quien le ratifican la inmunidad parlamentaria.
La fiscal General de la República ha recibido respaldo del mundo democrático, gira por el continente americano y el europeo para denunciar los delitos, algunos de lesa humanidad, cometidos por altos funcionarios de la cúpula cívico militar gobernante, cuyos expedientes tiene en su poder, reveladores de la corrupción, la violación de los Derechos Humanos y hasta del tráfico de drogas, muchos de los cuales fueron engavetados por órdenes superiores, pero que ya son conocidos por la justicia internacional, que seguramente les dará curso en los próximos meses.
Los venezolanos disidentes que no han encontrado justicia en el país, al denunciar los atropellos y violaciones de sus derechos por funcionarios policiales, militares y paramilitares, porque el Poder Judicial está controlado por el Ejecutivo responsable de esos delitos, podrá ver cómo los organismos defensores de los Derechos Humanos, de la pulcritud en el manejo de los dineros públicos, y de la condena del terrorismo y el tráfico de droga, pueden aplicar las normas universales aprobadas para dar solidez a la justicia internacional.
Y aunque todavía existen algunas dudas en dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil, acerca de la eficacia de dichos organismos internacionales, creados para la defensa del ser humano víctima de las dictaduras, los cambios operados en la concepción de la cultura y civilización occidental, pueden despejar algunas, si no todas, de las incertidumbres del momento que vivimos.
