“Los magistrados que estamos en el exilio, como aquellos que aún permanecen en la clandestinidad, hemos tenido que cambiar nuestro ritmo normal de vida; una vida que estaba dedicada a la academia, al ejercicio profesional, al papel empresarial. Hemos tenido que abandonar no solo nuestro país, sino nuestros bienes y familias, amigos y recuerdos”, así lo contó Domingo Salgado, quien es uno de los magistrados designados por la Asamblea Nacional.
Salgado es uno de los cinco abogados larenses que se postuló para la más alta magistratura. Actualmente está en Washington DC junto a Pedro Troconis y cinco magistrados más designados por el parlamento.
En el contacto telefónico con EL IMPULSO reveló que, ante la inminente persecución por parte del régimen, solo pudo llevar consigo un pequeño bolso con su computadora y algunas pertenencias.
“Dentro de ese bolso me llevé la esperanza de regresar. Y de regresar con un país que haya rescatado su libertad y la democracia. Con un compromiso mayor al que pensé tenía cuando decidí presentar mi nombre para asumir una posición en el Tribunal Supremo de Justicia, es un compromiso con los venezolanos para no defraudarlos. Este compromiso nos ha llevado a trabajar día y noche para convertirnos en portavoces de los venezolanos y sus necesidades. No estamos de vacaciones, tampoco es una gira turística, nadie está financiando nuestros gastos, estamos como muchos venezolanos haciendo un gran sacrificio y un gran esfuerzo por la libertad de nuestro país”.
Agregó que es un sacrificio menor al de aquellos que han perdido su libertad y hoy se encuentran tras las rejas, pagando una injusta condena en las cárceles venezolanas, tal y como es el caso del magistrado Ángel Zerpa, el alcalde Alfredo Ramos y muchos otros venezolanos, entre estos, estudiantes y amas de casa, cuyo único delito ha sido pensar distinto.
Expuso que como venezolano y jurista que ha dedicado su vida al ejercicio del Derecho su designación como magistrado significó el cumplimiento de un deber. Lo postuló la UCLA por su trayectoria y labor como docente universitario.
En un primer momento no era más que una meta profesional; luego asimiló que se trataba de algo más, de una responsabilidad con los valores de la democracia, la justicia y la confianza hacia el sistema jurídico como único mecanismo de la sociedad civilizada para resolver los conflictos.
Relató que tras su designación y juramentación por parte de la Asamblea Nacional se desató una feroz persecución en su contra y contra su familia a través de los órganos represivos del Gobierno nacional, situación que lo obligó a resguardarse durante algunos días en el país.
Más tarde iniciaría una travesía para informarle al mundo lo que sucede en Venezuela.
“Desde que fuimos juramentados asumimos nuestro deber constitucional, si bien no podemos dictar decisiones porque para ello deberíamos estar en la sede del TSJ, estamos cumpliendo el reto de las obligaciones constitucionales, una de ellas es rescatar la vigencia de la Constitución y enaltecer los valores republicanos que están desplegados en el primer capítulo de la Carta Magna y en el artículo 350 constitucional”.
Este grupo de magistrados que se encuentra en EEUU ha sostenido reuniones con representantes de la Casa Blanca, Departamento de Estado, OEA, ONU, CIDH, Amnistía Internacional y diversas instituciones con el fin de establecer mecanismos que permitan devolverle a los venezolanos la democracia y la libertad que no solo ha costado el exilio de muchos sino también la vida de numerosos jóvenes, quienes cayeron en las diversas protestas ocurridas en Venezuela entre el 1º de abril y el 9 de agosto de 2017, sumado a los asesinados en 2014.
-¿Qué han planteado ustedes y qué respuestas han tenido?
-Tenemos claro que la solución la tenemos que alcanzar los venezolanos, nosotros no apoyamos ningún tipo de intervención extranjera, no obstante, hemos pedido a la comunidad internacional el apoyo necesario para que a través de los canales diplomáticos exijan al Gobierno nacional retomar el orden constitucional violado y se puedan dar soluciones democráticas y pacíficas.
Es importante que el régimen reconozca la legitimidad de los poderes, de la Asamblea Nacional como órgano legislativo legítimo y electo por más de 14 millones de venezolanos, la autonomía del Poder Judicial, incorporando al TSJ los magistrados designados y juramentados conforme a la Constitución y Ley Orgánica del TSJ. Asimismo, que reconozca que la doctora Luisa Ortega Díaz es la única Fiscal General de la República, que cesen las funciones de la ANC, electa a espaldas del pueblo venezolano. Así lo reconocen por lo menos 40 países del mundo, los cuales el día de hoy ratifican que en Venezuela se rompió el orden constitucional.
-¿Qué pasa si el Gobierno no quiere apegarse a esas peticiones?
-Los funcionarios que violen los principios democráticos y los derechos humanos tendrán que responsabilizarse personalmente, no solo ante la justicia nacional sino ante la justicia internacional, esto implica responder por las violaciones de DDHH, no pudiendo excusarse bajo el supuesto deber de cumplir órdenes superiores. Las únicas órdenes que están obligados a respetar están plasmadas en la Constitución de la República de 1999. La comunidad internacional está clara, es por ello que en las próximas horas o días habrá pronunciamientos importantes.
-¿Qué opinión le merece la gira que hizo el vicepresidente Pence por varios países de América Latina; dejando claro que EEUU no permitirá que en Venezuela se instaure la dictadura? Al mismo tiempo el Vaticano ha insistido en el diálogo y teniendo como mediador a Rusia
-El gobierno de EEUU a través de la administración Trump está sensibilizado con el problema que tiene Venezuela. EEUU considera que los países de la región deben someter sus gobiernos a los cánones democráticos tal y como lo establece cada Constitución. El gobierno de EEUU a través de su vicepresidente ha efectuado una gira informativa en la región e incluso sostenido reuniones con la comunidad de exiliados en el mundo, que supera los dos millones de venezolanos. Por supuesto, la preocupación del Papa es la misma que tenemos todos los demócratas. El diálogo y la negociación seria son los mecanismos que finiquitan los conflictos en el mundo. En Venezuela no podemos esconder que existe un duro conflicto social que se ve a diario en las protestas de las comunidades que reclaman el cumplimiento de las necesidades básicas (inseguridad, impunidad, gas, agua, comida, medicinas, atención médica, salarios).
-¿Qué opinión le merece lo que ha dicho el alcalde Ramón Muchacho quien desde el exilio sostiene que la salida a la dictadura no es democrática?
-Más que una salida democrática nosotros debemos alertar que al haberse quebrantado todas las instituciones del país se han dificultado las soluciones institucionales tradicionales, no obstante, el pueblo venezolano tiene una amplísima vocación democrática, nos gusta votar, elegir, pero también exigimos que se respete la expresión popular de los venezolanos. Los venezolanos no quieren vivir en dictadura, tampoco quieren guerra, quieren que los diputados legislen y controlen, que el CNE arbitre de forma imparcial, la fiscalía impute los delitos debidos, la defensoría del pueblo resguarde a los ciudadanos sin distinción política y que cada juez del país entienda que tiene en sus manos el sagrado deber de impartir la justicia. De esta manera los jóvenes dejarán de pensar que su solución está más allá de la frontera.
-¿De qué se tratarían los anuncios que mencionó?
-Es importante aclarar que las sanciones que se han producido y puedan producirse no son contra el pueblo sino contra aquellos funcionarios presuntamente inmersos en delitos de corrupción, narcotráfico y terrorismo. No se ha impuesto ninguna sanción contra Venezuela sino contra funcionarios que no tendrían cómo explicarle a los venezolanos la acumulación de millonarias riquezas y propiedades de cualquier naturaleza incluso en EEUU.
